Educadores sociales de La Rioja exigen refuerzo ante presuntas agresiones en centros de menores
El Colegio Profesional de Educación Social de La Rioja (CEESRIOJA) ha expresado su profunda preocupación tras conocerse, a través del informe del Defensor del Pueblo, que en el Centro Educativo Virgen de Valvanera en Logroño se habrían producido tres presuntas agresiones sexuales a niñas y adolescentes. La organización ha solicitado una respuesta urgente y estructural para garantizar la protección de las menores y mejorar las condiciones del sistema.
El presidente de CEESRIOJA, Juan Tomás Latasa Lerga, ha destacado que estas situaciones reflejan una fragilidad en el sistema de protección infantil, que en muchas ocasiones no cuenta con suficientes educadores sociales. Latasa ha insistido en que la presencia de profesionales especializados en prevención, detección e intervención es fundamental, pero en La Rioja todavía resulta insuficiente o inexistente en algunos recursos.
Desde el Colegio también critican el modelo de gestión privada que, en su opinión, prioriza la reducción de perfiles especializados y la optimización de costes en lugar de la protección efectiva. Además, alertan sobre la precariedad laboral, que incluye bajos salarios, alta rotación y falta de formación continua, factores que dificultan la detección temprana de situaciones de riesgo y la continuidad del acompañamiento a las víctimas.
Por ello, CEESRIOJA ha presentado una serie de exigencias a la Administración, entre ellas la implementación inmediata de las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo, la incorporación estable y suficiente de educadores sociales en los centros y mejoras en las condiciones laborales y formativas del personal. El colegio también pide que la Educación Social sea reconocida como un pilar esencial en la protección infantil y que se establezcan mecanismos de control y evaluación con mayor transparencia.
Finalmente, el Colegio ha llamado a la creación de una mesa de trabajo para definir ratios, perfiles profesionales y criterios de calidad en la intervención socioeducativa, con la participación activa del sector. La organización concluye que no se trata de privilegios, sino de responsabilidades, y que reforzar la figura del educador social es la mejor manera de garantizar la protección y derechos de los menores en los recursos de protección y reforma en La Rioja.