Interior analiza la sentencia del Supremo que frena devoluciones en frontera

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha informado este martes que el Ministerio del Interior está estudiando la reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las devoluciones inmediatas de migrantes rescatados en el mar en las fronteras españolas. La resolución, que salió hace unos días, ha generado un intenso análisis técnico por parte del Ejecutivo para determinar las mejores soluciones.

Triano explicó que, una vez concluido el análisis, se valorarán las medidas a adoptar para garantizar la seguridad y el orden en las fronteras de Ceuta y Melilla, sin descartar posibles cambios en los procedimientos actuales. El delegado evitó pronunciarse sobre las advertencias de organizaciones policiales, que alertan de un posible efecto llamada y mayor presión migratoria debido a la sentencia.

El representante del Gobierno en Ceuta confirmó que se mantiene el reforzamiento de los dispositivos de vigilancia, tanto con medios materiales como con recursos humanos, incluyendo el aumento del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. La intención es mantener la frontera segura y seguir trabajando en la protección de las fronteras de la ciudad autónoma y la provincia.

Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha advertido que la nueva normativa puede generar un impacto negativo en el trabajo policial, ya que obliga a tramitar procedimientos ordinarios en cada intervención, lo que aumenta la carga de trabajo y puede saturar los recursos disponibles. La organización pide también mayor refuerzo de efectivos para evitar la saturación y responder a las posibles repercusiones en las rutas migratorias.

El SUP también ha expresado su preocupación sobre cómo esta sentencia podría influir en las redes de inmigración irregular, que podrían aprovechar los procedimientos más lentos para organizar nuevas salidas hacia las fronteras españolas. La organización insiste en la necesidad de reforzar las capacidades operativas para prevenir un incremento de entradas irregulares y mantener la seguridad en Melilla y Ceuta.