Un desahucio en Cantillana pone en riesgo la atención de 60 personas con discapacidad
Sareb tramita el desahucio de la Residencia San Sebastián de Cantillana, que atiende a 60 personas con discapacidad. El juicio es el 30 de noviembre.
El futuro de 60 personas con discapacidad intelectual y alteraciones conductuales está en el aire en Cantillana, donde la Residencia San Sebastián se enfrenta a un procedimiento de desahucio promovido por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). El juicio está señalado para el próximo 30 de noviembre y el lanzamiento, previsto para enero, podría poner en peligro un servicio asistencial que funciona desde hace más de quince años.
El centro está gestionado por Fundación Samu desde 2010, mediante un concierto con la Junta de Andalucía. Según la Fundación, la entidad ha intentado adquirir el edificio en distintas ocasiones para garantizar la estabilidad del recurso residencial, pero, denuncia, «ninguna de las propuestas ha obtenido respuesta».
El conflicto se remonta a 2015, cuando la titularidad del inmueble pasó a manos de Sareb. Tras un primer intento de desalojo, Samu consiguió mantener el contrato de alquiler. En 2025, según la Fundación, «Sareb presentó una demanda de desahucio por expiración del plazo contractual». Samu reiteró después su disposición a comprar el inmueble, sin que, según afirma, haya recibido contestación. La entidad también cuestiona que el edificio haya llegado a anunciarse en portales inmobiliarios mientras sigue abierto el procedimiento judicial, y considera que «debería abrirse una negociación antes de que el proceso judicial desemboque en el desalojo de los residentes».
La principal preocupación se centra en las consecuencias para los usuarios, personas que necesitan apoyos especializados y una atención continuada. La Residencia San Sebastián desarrolla un modelo de atención integral basado en el acompañamiento individualizado, el fomento de la autonomía personal y social y los cuidados diarios. Desde Samu subrayan que «cualquier decisión sobre el inmueble debe tener en cuenta las necesidades de los residentes, sus vínculos y la continuidad de la atención».
La Fundación asegura haber trasladado al juzgado la dimensión social del caso, aunque el órgano judicial todavía no se ha pronunciado sobre esta cuestión. Además, cuestiona que Sareb, una sociedad bajo control público, mantenga el procedimiento sin atender su propuesta de adquisición, y pide «una solución negociada» y la implicación de las administraciones competentes para garantizar la estabilidad de los residentes.
Información elaborada a partir de Diario de Almería.