La Fiscalía recurre las condenas por las contrataciones de la Diputación de Badajoz

La Fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) la sentencia que condenó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa. El recurso sostiene que la resolución no acredita los elementos necesarios para este delito y que sustituye con frecuencia los hechos por valoraciones, inferencias e interpretaciones.

La sentencia también condenó por el mismo delito a otras diez personas vinculadas a los procesos de contratación de David Sánchez y de su amigo Luis Carrero en la Diputación de Badajoz. Entre ellas figuran el exdiputado de Cultura de la institución provincial, Ricardo Cabezas, y el expresidente Miguel Ángel Gallardo.

En un escrito de 69 folios, la Fiscalía afirma que la sentencia no identifica con precisión qué resolución administrativa concreta habría sido arbitraria ni individualiza las conductas de cada condenado. Según el Ministerio Público, la existencia de discrepancias sobre puestos, opiniones enfrentadas acerca de la organización, críticas sindicales o rumores sobre posibles aspirantes no equivale por sí sola a una arbitrariedad penal.

La acusación pública también señala que el relato de hechos probados no demuestra que los condenados conocieran la supuesta injusticia de las decisiones ni que actuaran deliberadamente al margen de la ley. Añade que no se concreta qué norma se habría vulnerado, qué advertencias jurídicas recibieron o qué conocimiento específico tenían sobre la eventual ilegalidad.

Además, la Fiscalía sostiene que no existe prueba directa ni indicio suficiente de que la creación del puesto de coordinador de las Actividades de los Conservatorios tuviera como objetivo beneficiar a David Sánchez. El recurso afirma igualmente que no se acredita que Gallardo y otros cargos de la Diputación conocieran su existencia o que recibieran presiones para crear ese puesto.

El Ministerio Fiscal considera también que la resolución recurrida selecciona únicamente los elementos compatibles con la tesis acusatoria, omite pruebas que apuntarían en sentido contrario y contiene contradicciones internas. Entre ellas, cita que la sentencia descarte presiones o influencias y, al mismo tiempo, afirme que hubo una finalidad preconcebida de favorecimiento personal.

Información elaborada a partir de El Periódico Extremadura.