Veinte familias de Balmaseda afrontan el fin de sus alquileres

Una veintena de familias de cuatro bloques de la avenida La Calzada de Balmaseda afronta la posible pérdida de sus viviendas tras el traspaso de la mayoría de los inmuebles de InmoCaixa al fondo Farley ITG S.L. El fondo ha comunicado a varios inquilinos que no renovará sus contratos y les ha ofrecido comprar los pisos por importes de hasta 285.000 euros.

Las viviendas fueron construidas en 2008 y forman parte de ocho portales con pisos de 15 y 17 viviendas. Farley ya ha vendido muchas unidades y, en algunos casos, ha ofrecido entre 5.000 y 10.000 euros a los arrendatarios para que abandonaran sus casas antes del vencimiento legal del contrato. Las familias que continúan como inquilinas pagan alquileres de entre 600 y 701 euros.

Idoia Allende, residente en la promoción desde 2011, tiene contrato hasta el 17 de noviembre del próximo año, pero asegura que ya le han advertido de que no se renovará. Rechazó comprar el piso porque no tendría acceso al crédito y también declinó los 10.000 euros ofrecidos por dejar la vivienda antes de tiempo. «No hay donde marcharse», relata, ante la escasa oferta de alquiler en Balmaseda.

Inma Gómez, balmasedana de 61 años y residente en su vivienda de La Calzada desde hace 17, también mantiene el contrato hasta noviembre del año que viene. «Lo que me interesa es seguir viviendo de alquiler en mi casa», afirma. Los afectados denuncian que el fondo pretende «vaciar los pisos lo antes posible» para venderlos, mientras los precios del alquiler en el municipio resultan prohibitivos.

Los vecinos, asesorados por Iñigo Alonso, de LAB, preparan una plataforma y prevén acudir a los tribunales. También reclaman que Balmaseda sea declarada zona tensionada, una medida que permitiría solicitar prórrogas extraordinarias de tres años. El Ayuntamiento encargó un diagnóstico técnico del mercado de la vivienda y el Pleno aprobó por unanimidad en noviembre solicitar la declaración si el estudio la avalaba, pero los afectados aseguran que no ha habido avances.

Una de las vecinas pide al Gobierno Vasco medidas similares a las adoptadas en Benta Berri, en San Sebastián, donde adquirió el derecho de superficie de una promoción de 510 viviendas. «Nosotros también existimos. Todos deberíamos tener los mismos derechos», reivindica.

Información elaborada a partir de El Correo (Bizkaia).