Benavente recurrirá la sentencia por la gestión de una denuncia de acoso laboral

El Ayuntamiento de Benavente recurrirá ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la sentencia dictada por el Tribunal de Instancia de Zamora en el procedimiento promovido por una trabajadora municipal por la tutela de sus derechos fundamentales.

El Consistorio asegura que respeta la resolución y la independencia judicial, pero sostiene que existen argumentos jurídicos y probatorios para solicitar una revisión en segunda instancia. El recurso afectará a la calificación de los hechos, a la responsabilidad individual atribuida y, subsidiariamente, a la indemnización de 10.000 euros fijada por daño moral.

Según explica el Ayuntamiento, la sentencia no considera acreditada una parte sustancial de los hechos descritos en la demanda y descarta la existencia de un plan común, sistemático y concertado de hostigamiento por parte de las tres personas demandadas. La resolución tampoco da por probada la existencia de violencia física, amenazas o insultos en el incidente ocurrido en marzo de 2025, y concluye que aquel episodio, analizado de forma aislada, no constituía acoso.

La administración municipal también destaca que la sentencia considera que las comunicaciones fuera del horario laboral no constituyen por sí solas una conducta de hostigamiento, y que las tareas de venta y preparación de entradas, conserjería y mantenimiento tenían cobertura dentro de las funciones del puesto. Además, recoge que la Inspección de Trabajo no pudo constatar la existencia de acoso.

El Ayuntamiento cuestiona especialmente la atribución individual de responsabilidad, incluida la de la alcaldesa, al considerar que la sentencia no concreta una conducta personal suya de carácter intimidatorio, vejatorio o de hostigamiento. A su juicio, las deficiencias señaladas se vinculan principalmente a la respuesta preventiva y organizativa del Consistorio como empleador.

La sentencia centra parte de sus conclusiones en la tramitación del protocolo municipal frente al acoso, que el Ayuntamiento considera que existía desde 2010 y que se complementó en 2023 con el canal interno de denuncias CENTINELA. El Consistorio sostiene que un eventual retraso en la aplicación del protocolo no implica automáticamente la existencia de acoso y anuncia también la impugnación de la indemnización de 10.000 euros.

Información elaborada a partir de La Opinión de Zamora.