El Gobierno de Benavente defiende su actuación tras la sentencia sobre una empleada
El Gobierno de Benavente rechaza las peticiones de dimisión de PSOE e IU y defiende que la sentencia no condena por acoso a sus miembros.
El equipo de Gobierno de coalición de PP y Vox en el Ayuntamiento de Benavente ha rechazado las peticiones de dimisión planteadas por PSOE e Izquierda Unida tras la sentencia relacionada con la denuncia de una trabajadora municipal. El Ejecutivo local sostiene que el fallo condena económicamente al Ayuntamiento como institución, pero no a la alcaldesa ni a los concejales demandados por acoso.
En una nota de prensa, el Consistorio considera que la oposición realiza una interpretación «parcial» de la resolución judicial. El Gobierno municipal afirma que la sentencia no acredita la existencia de un plan concertado de acoso por parte de los responsables políticos señalados y diferencia entre la responsabilidad institucional del Ayuntamiento y la atribución de conductas concretas a personas determinadas.
El comunicado subraya que ningún miembro del actual equipo de Gobierno fue condenado por acoso y que tampoco formaba parte de la Comisión de Igualdad y Acoso, cuyo funcionamiento constituye, según el Ayuntamiento, uno de los elementos analizados por la jueza. También sostiene que el retraso en la aplicación del protocolo estuvo relacionado, entre otras circunstancias, con la oposición de la abogada de la denunciante a determinadas medidas y a la designación de un instructor externo.
El Ejecutivo municipal enumera además varios hechos que, según afirma, la sentencia no considera acreditados, entre ellos un plan sistemático de hostigamiento, amenazas, insultos o actos de violencia vinculados a un incidente concreto. La nota recuerda asimismo que el Ayuntamiento cuenta con un protocolo frente al acoso desde 2010, integrado en el Plan de Igualdad, y con un canal interno de denuncias denominado Centinela desde 2023.
El Gobierno local también cuestiona los criterios de responsabilidad política aplicados, a su juicio, por PSOE e IU durante anteriores etapas de gobierno, y menciona indemnizaciones derivadas de distintos procedimientos. Entre ellas cita una superior a 100.000 euros por daños morales, aunque el texto no concreta cuál fue ni su origen. El Ayuntamiento anuncia que defenderá los intereses municipales ante el Tribunal Superior de Justicia y que continuará protegiendo los recursos públicos.
Información elaborada a partir de La Opinión de Zamora.