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Sociedad

Alboan y Cáritas llevarán a la ONU en Ginebra los abusos contra los derechos humanos en la Amazonía

Alboan y Cáritas exponen en Ginebra, en el Foro de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, los casos de Mocoa y Jaci-Paraná en la Amazonía.

Redacción automática · Bilbao 3 min de lectura

Una delegación de Alboan y Cáritas expondrá ante el plenario de Naciones Unidas en Ginebra las vulneraciones de derechos humanos vinculadas a la minería y a la expansión ganadera sin control administrativo en la Amazonía, tomando como casos concretos los de Mocoa (Colombia) y Jaci-Paraná (Brasil). La intervención se producirá entre los días 23 y 25 de noviembre, en el marco del decimoquinto Foro de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.

Según explica la ONG Alboan, el objetivo es visibilizar los impactos sobre las comunidades amazónicas, reclamar responsabilidades a los Estados y a las empresas, y defender el derecho de los pueblos a decidir sobre sus territorios y su futuro. La delegación estará formada por Sonia Olea Ferreras, jurista especializada en derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en Cáritas, y por Sara Diego Alonso, técnica de investigación e incidencia política en Fundación Alboan en justicia socioambiental y movilidad humana, ambas desde un enfoque de derechos humanos y de género.

En Mocoa, en el departamento colombiano de Putumayo, un proyecto de exploración de cobre y molibdeno genera preocupación entre comunidades campesinas, indígenas y organizaciones sociales por sus posibles efectos sobre las fuentes de agua, los bosques y la biodiversidad. Entre sus demandas figuran la realización de estudios ambientales independientes, el acceso a información transparente, la participación efectiva de las comunidades y el respeto a sus derechos colectivos y a su autonomía territorial. La delegación contará con la participación de Carlino Muchavisoy Chindoy, líder indígena del Resguardo Inga de Yunguillo, y de Edit Mireya Maya Chicunque, directora de Pastoral Social de la Diócesis de Mocoa-Sibundoy.

El segundo caso se sitúa en la Reserva Extractivista Jaci-Paraná, en el estado brasileño de Rondônia, creada para proteger el modo de vida de familias tradicionales de caucheros, recolectores de castaña y comunidades ribereñas. Según datos recogidos por REPAM-Brasil, entre 2012 y 2022 la superficie dedicada a la actividad agropecuaria pasó del 21% al 74%, mientras que el bosque se redujo del 77% al 25%. Las ONG denuncian además la paralización de acciones judiciales para proteger la reserva frente a amenazas, expulsiones y ataques armados contra las familias extractivistas.

Este caso pone también el foco en la responsabilidad de las empresas de la cadena de suministro de carne, que deben garantizar la trazabilidad de sus productos y evitar beneficiarse de actividades vinculadas a la destrucción ambiental y a la vulneración de derechos. Lincoln Fernandes de Lima, líder de la comunidad Moro, y Welington José Lamburgini, agente pastoral de la Comisión Pastoral de la Tierra en Rondônia, serán quienes den cuenta de la situación en Ginebra.

La delegación recordará, con motivo del decimoquinto aniversario de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, que los Estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos y que las empresas deben prevenir y responder por los impactos de sus actividades. Para Bilbao, se trata de una noticia de ámbito internacional que tiene como protagonistas a dos entidades con presencia en Euskadi, sin que el texto recoja vínculos locales concretos.

Información elaborada a partir de Deia.

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