Dragados declara como investigada por el colapso mortal de El Bocal
La jueza cita como investigado al representante de Dragados por el colapso de la pasarela de El Bocal, que dejó seis muertos.
La jueza que investiga el colapso de la pasarela de El Bocal, en Santander, ha citado este viernes al representante legal de Dragados, la empresa que ejecutó la senda costera, para declarar como investigado. La comparecencia está fijada a las 9.30 horas en el complejo judicial Las Salesas.
El derrumbe, ocurrido el pasado 3 de marzo, causó la muerte de seis estudiantes y heridas graves a otra persona. La magistrada también ha declarado a Dragados posible responsable civil, tras estimar el recurso presentado por una acusación particular contra su decisión inicial de citar al representante de la compañía como testigo.
La jueza tomó la decisión después de escuchar, el 19 de junio, a dos peritos propuestos por otros investigados: el antiguo jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas y el ingeniero de Fronda que firmó el proyecto de la pasarela. Ambos señalaron diferencias entre el diseño y la ejecución realizada por Dragados.
Según el auto, el proyecto contemplaba rastreles y durmientes que aparentaban continuidad en toda la longitud del puente, mientras que en la pasarela construida cada elemento fue dividido en dos piezas. La magistrada considera que ese cambio pudo debilitar el conjunto y contribuir a una rotura más brusca del tablero, con un posible “efecto trampilla”, aunque no lo identifica como la causa inmediata del colapso.
Con la citación del representante de Dragados, ya son siete las personas investigadas en la causa. Entre ellas figuran responsables y funcionarios de Costas, una gestora del 112, una agente de la Policía Local de Santander y el ingeniero que firmó el proyecto. El Ayuntamiento de Santander y la Demarcación de Costas en Cantabria también han sido declarados posibles responsables civiles.
La investigación se desarrolla en Cantabria, aunque el caso puede resultar de interés para Bilbao por afectar a la seguridad y a las responsabilidades asociadas a infraestructuras de uso público en el entorno cercano del País Vasco.
Información elaborada a partir de Deia.