El Congreso retoma la ley para limitar las redes sociales a menores de 16 años

El Congreso prevé retomar esta semana la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. La iniciativa se debatirá este martes en la ponencia de la Comisión de Justicia y plantea prohibir el acceso de los menores de 16 años a redes sociales con contenidos dañinos para la infancia y la adolescencia.

El acuerdo alcanzado por PSOE y Sumar sitúa buena parte de la responsabilidad en las plataformas digitales. Estas deberán demostrar ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que no emplean diseños adictivos, que protegen la privacidad de los menores, que no les exponen a contenidos o conductas perjudiciales y que ofrecen herramientas efectivas frente a contactos no deseados. Además, los menores de 16 años necesitarían autorización de sus padres o tutores para acceder a las plataformas autorizadas.

Las enmiendas incorporan también al Código Penal la manipulación de algoritmos para amplificar contenidos lesivos, como los que incitan al suicidio o la autolesión, los de abuso sexual infantil, los deepfakes sexuales o los delitos de odio. Los directivos que conozcan ese efecto y no actúen podrían afrontar responsabilidad penal, al igual que quienes ignoren una orden judicial o administrativa de retirada de contenidos ilícitos.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido que la responsabilidad debe recaer en las grandes plataformas y no principalmente en las familias. Rego ha apostado por combinar la regulación con medidas de pedagogía y acompañamiento para los hogares, así como por un acceso gradual y seguro al entorno digital.

La tramitación coincide con el debate europeo sobre la edad de acceso a las redes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso el 16 de septiembre vetarlas para menores de 13 años y permitir un acceso limitado hasta los 15. En Francia, el Parlamento aprobó este verano prohibir su uso a menores de 15 años, con una aplicación progresiva hasta el 1 de enero de 2027. La medida afecta también al País Vasco y a Bilbao, cuyos menores y familias quedarían sujetos a la regulación estatal si finalmente se aprueba.

Información elaborada a partir de Deia.