El coste de las pensiones afronta el reto del envejecimiento y el déficit

El gasto en pensiones contributivas rondará los 200.000 millones de euros en 2026 y representa la mayor partida del presupuesto consolidado del Estado. El debate sobre su sostenibilidad vuelve a estar presente, aunque los pensionistas superan los 9,5 millones de votantes y suelen quedar al margen de las controversias durante las campañas electorales.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido esta semana a mantener la revalorización de las pensiones conforme a la inflación, después de la polémica surgida en su partido sobre la necesidad de introducir cambios en un sistema que podría «petar».

La reforma aprobada en 2021, cuando José Luis Escrivá era ministro de la Seguridad Social, incorporó una cláusula de cierre que obliga a evaluar cada tres años la evolución del gasto. La AIReF se encarga de ese análisis y, si se supera un determinado desfase entre ingresos y gastos, contempla la adopción de medidas automáticas.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado que el sistema ya ha superado el primer examen de la AIReF y ha defendido que las reglas fiscales europeas actúan como un segundo mecanismo de control. La Seguridad Social, no obstante, seguirá necesitando transferencias del Estado para cubrir su déficit.

La reforma también incluye el mecanismo de equidad intergeneracional, una cotización adicional destinada a reforzar la hucha de las pensiones ante el pico de gasto previsto para 2050 por la jubilación de la generación del baby boom. Además, se han aprobado incentivos para retrasar la jubilación y mayores penalizaciones para el retiro anticipado.

La edad efectiva de jubilación ha subido hasta los 65,4 años y el sistema ha recuperado una proporción de 2,51 cotizantes por pensionista, la misma que tenía en 2011. La AIReF considera que las pensiones serán sostenibles si también lo son las cuentas del conjunto de las administraciones, mientras que Fedea reclama contención del gasto y calcula que el aumento futuro podría alcanzar cinco puntos del PIB, frente a los menos de 2,5 puntos que estima el Gobierno. La cuestión afecta también a Bilbao y al conjunto de Euskadi a través de la evolución de las pensiones, las cotizaciones y las cuentas públicas, aunque el análisis no aporta datos específicos del territorio.

Información elaborada a partir de Deia.