El TSJPV obliga a Bilbao a atender colonias felinas también en fincas privadas

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado varios preceptos de la ordenanza de protección y bienestar animal de Bilbao, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento el 27 de marzo de 2025, por considerar que contradicen la Ley estatal 7/2023 y la legislación vasca. La sentencia, fechada el 30 de septiembre, estima parcialmente el recurso presentado por PACMA.

El fallo obliga al Consistorio a gestionar las colonias de gatos comunitarios también cuando estén asentadas en terrenos privados o de otras administraciones. Bilbao deberá aplicar en esos espacios programas de captura, identificación mediante microchip, esterilización y retorno con intervención veterinaria.

La resolución amplía además la consideración de animal abandonado a los ejemplares que permanezcan sin atención en fincas o recintos privados, así como a los que no sean recogidos de centros veterinarios, residencias u otros establecimientos. El Ayuntamiento no podrá excluir la atención municipal por el lugar en el que se encuentre el animal.

El TSJPV también ha declarado nula la excepción que permitía utilizar collares eléctricos para el adiestramiento bajo supervisión veterinaria. Asimismo, recuerda que el Ayuntamiento debe controlar los núcleos zoológicos y criaderos del municipio y elimina la obligación de que los animales transportados en vehículos particulares viajen necesariamente en la parte trasera, aunque mantiene las exigencias generales de seguridad vial y protección animal.

PACMA ha celebrado la sentencia. Eva Ramos, asesora jurídica del partido, ha acusado al Ayuntamiento de intentar limitar mediante su ordenanza las competencias municipales de protección, vigilancia e inspección previstas en la ley estatal. La formación inició la impugnación en junio de 2025, después de que el Consistorio desestimara casi todas sus alegaciones.

La sentencia no anula toda la ordenanza y contempla la posibilidad de presentar un recurso de casación. Fuentes municipales han señalado que los servicios jurídicos estudian esa opción y que los contenidos anulados no suponen un cambio sustancial. También sostienen que la norma ya contemplaba aplicar el método CER —captura, esterilización y retorno— a todos los gatos del municipio.

Información elaborada a partir de El Correo (Bizkaia).