La Diputación de Bizkaia regulará la administración digital y podrá exigir trámites solo por internet a algunos colectiv

La Diputación Foral de Bizkaia ha iniciado la tramitación de una norma foral propia para regular el uso de medios electrónicos y la transformación digital de su actividad diaria. El proyecto fue presentado este lunes en las Juntas Generales por el diputado de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Ager Izagirre, y establece que determinados colectivos solo podrán relacionarse con la institución foral a través de internet, aunque esa obligatoriedad deberá justificarse y acompañarse de medidas de apoyo y asistencia.

Según explicó Izagirre, la iniciativa busca dotar al sector público foral de un marco jurídico integral para afrontar la transformación digital, superando el enfoque de una administración meramente electrónica. "No se trata solo de digitalizar los procedimientos, sino de organizar la transformación digital de forma integral utilizando la tecnología y los datos para prestar mejores servicios", señaló. El texto aborda la gobernanza del dato, los servicios públicos digitales, la atención ciudadana multicanal, la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

Para elaborar la normativa se han celebrado jornadas de trabajo y seminarios con expertos en Derecho Administrativo y transformación digital, así como contrastes con responsables de otras administraciones y entidades sociales y del tercer sector. Las aportaciones se han centrado en la accesibilidad universal y cognitiva, la reducción de brechas digitales, la atención multicanal respaldada por personas y la protección de colectivos vulnerables.

La norma tiene carácter transversal para todo el sector público foral y reconoce derechos y garantías, establece obligaciones organizativas y prevé mandatos de adaptación reglamentaria. Entre sus principios figuran la accesibilidad universal, la igualdad y no discriminación, la asistencia continuada, la privacidad, la interoperabilidad, la transparencia, la seguridad y la autonomía tecnológica. Izagirre subrayó que el texto refuerza el derecho de las personas a elegir el canal de relación con la Administración y el deber institucional de prestarles asistencia.

No obstante, la propia norma establece que algunos colectivos estarán obligados a relacionarse por medios electrónicos: los autónomos, en los trámites vinculados a su actividad profesional; las personas que participen en procesos selectivos para acceder a cuerpos o escalas funcionariales o categorías laborales, así como quienes formen parte de bolsas de trabajo temporal; los estudiantes mayores de edad en los trámites derivados de su condición, como solicitar una beca; y los investigadores, en los procedimientos en los que actúen como tales. Izagirre indicó que el desarrollo reglamentario identificará "con precisión" los colectivos afectados, justificará las circunstancias legalmente exigidas y previsto medidas de apoyo y asistencia.

En el debate, Aitor López (EH Bildu) preguntó cómo se armonizarán los distintos ritmos de madurez digital entre departamentos y reclamó una regulación coordinada de la inteligencia artificial con el resto de territorios y el Gobierno Vasco. Juan Otermin (PSE) respaldó el proyecto, aunque pidió concretar su aplicación práctica. Raquel González (PP) planteó dudas sobre las oficinas, horarios y personal que garantizarán la atención presencial y telefónica, y Eneritz de Madariaga (Elkarrekin Bizkaia) reclamó mayor concreción de la gobernanza interna y una memoria presupuestaria que contemple los nuevos perfiles profesionales necesarios.

Información elaborada a partir de Deia.