Tres nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática recurren ante el Supremo

Tres ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la conocida como ‘ley de nietos’ se han personado ante el Tribunal Supremo para recurrir la suspensión cautelar de su derecho al voto. Sus escritos se han presentado antes de que este jueves finalice el plazo concedido por el alto tribunal para formular alegaciones.

El despacho ILOCAD, dirigido por el exjuez Baltasar Garzón, solicita para estas personas el acceso completo al procedimiento y su reconocimiento formal como partes personadas. También se ha personado ante el Supremo el Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Ce.DEU), organización que agrupa a ciudadanos nacionalizados mediante esta vía.

La iniciativa llega después de que el Tribunal Constitucional rechazara admitir a trámite el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, al considerarlo “prematuro”. El abogado de ILOCAD Pedro J. Díaz ha advertido de que esta decisión puede impedir que miles de ciudadanos españoles ejerzan su derecho de sufragio activo.

La defensa sostiene que las medidas cautelares vulneran el derecho al voto, el principio de igualdad y la tutela judicial efectiva. Según sus alegaciones, la restricción afecta a españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), pero no a quienes ya no figuran en ese censo o se inscribieron directamente como residentes en España.

Los representantes legales piden al Supremo que declare nulas las medidas cautelares y que reconozca una indemnización por los daños derivados de la privación del derecho al voto. Calculan que alrededor de 163.000 personas no podrán votar en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. La decisión afecta a un colectivo de ciudadanos españoles, también residentes en Euskadi y Bilbao, aunque el texto no concreta el número correspondiente a la capital vizcaína.

Información elaborada a partir de Deia.