El decreto estatal contra las ZBE 'fake' obliga a Cáceres a reforzar su zona de bajas emisiones

La Zona de Bajas Emisiones de Cáceres deberá adaptarse a los nuevos requisitos aprobados por el Gobierno de España para garantizar que estas áreas cumplan realmente su función ambiental. El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes una modificación del Real Decreto 1052/2022, con la que pretende evitar las ZBE 'fake', es decir, aquellas que se limitan a una delimitación territorial sin restricciones efectivas al tráfico ni mecanismos de cumplimiento. La zona cacereña entró en vigor el 30 de diciembre de 2025.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico identifica varias situaciones contrarias al objetivo de estas áreas, como las «moratorias excesivamente prolongadas en la aplicación del régimen sancionador», las «zonas sin restricciones de acceso en función del potencial contaminante de los vehículos» y los «ámbitos territoriales insuficientes que coinciden con espacios que ya contaban previamente con limitaciones al tráfico». El texto original establece un paralelismo con la ZBE de Cáceres, concebida por el Gobierno municipal como una adaptación del sistema de acceso restringido que ya existía en la Ciudad Monumental. La nueva normativa exige a las entidades locales acreditar documentalmente que sus zonas están operativas y que las medidas se aplican de forma efectiva.

El perímetro de la ZBE cacereña coincide exactamente con el Área de Tráfico Restringido de la parte antigua, delimitada por las calles Margallo, Miralrío, Pizarro y el eje formado por San Antón, Clavellinas y Parras, que abarca alrededor de una veintena de calles. La decisión se recogió en una adenda al Plan de Infraestructuras para la Movilidad Urbana Sostenible (Pimus), publicada en octubre de 2025, en la que el Ayuntamiento defendía que la ciudad ya disponía de «una zona de bajas emisiones de facto» gracias al sistema de cámaras de control del casco histórico. Según el artículo, eso hace innecesario ampliar el perímetro o establecer nuevas limitaciones, algo que el nuevo decreto no permite.

Según la ordenanza municipal, los vehículos eléctricos o con etiqueta Cero no tienen acceso libre al casco histórico por no emitir contaminantes, sino que deben cumplir las mismas condiciones de autorización que el resto, salvo excepciones para determinadas actividades. El Ayuntamiento no descarta introducir criterios ambientales en el futuro, pero condiciona cualquier cambio a la actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que acaba de someterse a información pública, y a un análisis de su impacto en el taxi, el transporte con conductor, el reparto de mercancías y los servicios profesionales.

En cuanto al régimen sancionador, el real decreto exige que las ordenanzas apliquen la normativa estatal de tráfico «sin recurrir a sistemas transitorios que demoren su efectividad». La ordenanza cacereña aprobada a finales de 2025 incluye un apartado sancionador, con una multa de 200 euros para las infracciones graves, pero el texto señala que su existencia no garantiza por sí sola que se apliquen restricciones ambientales. Además, la reforma obliga a acreditar que los sistemas de control de accesos, monitorización y seguimiento están en funcionamiento, y en Cáceres las cámaras instaladas en los accesos aún no están operativas.

El artículo recuerda que la tramitación de la ZBE estuvo marcada por la necesidad de cumplir los plazos estatales para conservar las ayudas al transporte público. El concejal de Servicios Públicos, Seguridad y Movilidad, Pedro Muriel, reconoció en el pleno de noviembre de 2025 que la aprobación respondía a la «amenaza» del Gobierno de retirar las subvenciones a las ciudades que incumplieran la obligación legal.

Información elaborada a partir de Hoy.