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Sanidad

La Cámara de Cuentas deja fuera al SAS de su revisión de contratos menores

La Cámara de Cuentas excluye al SAS de su fiscalización de contratos menores de 2022 y 2023, pese a su peso en la contratación andaluza.

Redacción automática · Cádiz 2 min de lectura

La Cámara de Cuentas de Andalucía no incluirá los contratos menores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de 2022 y 2023 en la fiscalización que prepara sobre las adjudicaciones de bajo importe de la Junta y de la llamada administración paralela. Las directrices técnicas del trabajo excluyen expresamente al SAS del análisis de cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público.

La norma estatal considera contratos menores aquellos cuyo valor estimado es inferior a 40.000 euros en obras y a 15.000 euros en suministros o servicios. El documento de la Cámara señala que la muestra incluirá contratos adjudicados por las consejerías y distintas agencias de la Junta, “excepto el SAS”, sin aportar una explicación contable para esta exclusión.

La decisión afecta a un área con un peso muy destacado en la contratación autonómica. Según la Memoria Anual de Contratación de 2025, el SAS formalizó 100.970 contratos, el 75% del total de la Junta, por un importe de 3.578,72 millones de euros, equivalente al 60% de las adjudicaciones.

En ese ejercicio, los contratos menores del SAS sumaron 97.222 expedientes y 1.033,94 millones de euros. Representaron el 96,2% de todos los contratos de la agencia, aunque su importe supuso aproximadamente un tercio del total adjudicado por el SAS.

El Pleno de la Cámara había designado como responsable de la actuación a Antonio López, cesado el martes por la presidenta del Parlamento andaluz, Ana Mestre, después de un informe jurídico que cuestionaba una actividad profesional paralela al cargo. El Pleno deberá nombrar ahora a un sustituto.

El calendario de la Cámara prevé disponer del borrador del informe en enero de 2027. El SAS fue además objeto de controversia política y judicial en la pasada legislatura por su contratación y por la fiscalización de la Intervención General, con denuncias presentadas en juzgados de Cádiz y Sevilla y la comparecencia judicial de tres exgerentes.

Información elaborada a partir de Europa Sur.

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