La economía sumergida en Cádiz baja al 15,52% del PIB, su nivel más bajo en cuarenta años

La economía sumergida en la provincia de Cádiz ha alcanzado su nivel estimado más bajo de los últimos cuarenta años, aunque todavía representa el 15,52 % del producto interior bruto (PIB). Según el estudio "Análisis de la Economía Sumergida en la provincia de Cádiz, 1986-2025", promovido por la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC) y financiado por la Diputación Provincial de Cádiz, unos 4.613 millones de euros de actividad económica permanecen fuera de los registros oficiales.

El informe señala que desde 2012 el porcentaje de economía sumergida ha descendido diez puntos porcentuales. En 2012 suponía el 25,83 % del PIB gaditano, bajó al 19,51 % en 2020 y se sitúa actualmente en el 15,52 %.

El presidente de la CEC, José Andrés Santos, ha valorado que estas cifras muestran que Cádiz avanza "en la buena dirección", aunque ha advertido de que no puede conformarse. "La economía sumergida no es solamente un problema de recaudación fiscal. Es, ante todo, una grave injusticia para los miles de empresarios que cumplen con sus obligaciones, generan empleo y compiten respetando las mismas reglas", ha defendido. Asimismo, ha subrayado que "no podemos permitir que cumplir la ley se convierta en una desventaja competitiva".

El estudio calcula que aflorar progresivamente la mitad de la actividad sumergida actual hasta 2035 permitiría sacar a la luz unos 2.307 millones de euros de producción. Sus simulaciones prevén 520 millones de euros adicionales de PIB real anual en 2035, lo que equivaldría aproximadamente a 400 euros por habitante. La CEC also destaca que la recaudación de las administraciones públicas sumaría 988 millones de euros anuales en 2035.

El desempleo y la inestabilidad laboral figuran entre los factores más relacionados con la persistencia de la economía sumergida, junto a las operaciones comerciales no declaradas y las prácticas de facturación fraudulentas. El trabajo, elaborado por Izaskun Barba, investigadora de la Universidad Pública de Navarra, bajo la dirección y supervisión del profesor Vicente Ríos, de la Universidad de Pisa, plantea 18 propuestas para el periodo 2026-2030, entre ellas mejorar la información estadística, facilitar la regularización de actividades, reforzar la estabilidad laboral, impulsar la digitalización de la facturación y coordinar las actuaciones de las administraciones.

Santos ha defendido que combatir la economía sumergida exige "perseguir con determinación el fraude deliberado", pero también facilitar que empresas y autónomos puedan desarrollar su actividad dentro de la legalidad. Ha reivindicado "una respuesta coordinada de las administraciones, las empresas y los agentes sociales" y ha concluido: "Necesitamos más apoyo a quienes quieren hacer las cosas bien y mayor firmeza frente a quienes incumplen".

Información elaborada a partir de Diario de Jerez.