Las comunidades tienen la competencia principal en vivienda, según la Constitución
La Constitución y la Ley 12/2023 atribuyen a las comunidades la competencia principal en vivienda, también a Andalucía.
La política de vivienda corresponde principalmente a las comunidades autónomas, que han asumido competencias exclusivas en ordenación del territorio, urbanismo y vivienda al amparo del artículo 148.1.3.ª de la Constitución. Esta cuestión afecta también a Andalucía, cuyo Estatuto recoge esa competencia en su artículo 56.1.
La Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, señala que todas las comunidades han asumido competencias plenas en esta materia. El Tribunal Constitucional confirmó en su sentencia 79/2024 que dichas competencias permiten a los gobiernos autonómicos desarrollar políticas propias, incluida la promoción y el fomento de la construcción de viviendas.
El análisis recuerda que Cataluña, Madrid, País Vasco y Canarias también recogen expresamente esta atribución en sus respectivos estatutos. Aragón, Extremadura, Castilla y León e Illes Balears han desarrollado igualmente marcos y medidas propias en materia de vivienda.
La competencia autonómica no impide toda intervención del Estado. Según el Tribunal Constitucional, el Gobierno central puede actuar mediante otros títulos competenciales previstos en el artículo 149.1 de la Constitución, aunque el artículo 47, que reconoce el derecho a una vivienda digna, no constituye por sí mismo un título competencial autónomo para el Estado.
El texto cita además el Real Decreto-ley 29/2026, en vigor desde el 8 de octubre, cuya disposición final décima establece que sus previsiones se aplican sin perjuicio de las competencias exclusivas asumidas por las comunidades. En consecuencia, defiende la preferencia del derecho autonómico de vivienda dentro de su ámbito propio, también en Andalucía.
Información elaborada a partir de Europa Sur.