Qué pueden decir y hacer los militares españoles en política

Las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas fijan las normas de conducta de los militares españoles y exigen neutralidad política en el desempeño de sus funciones. El código, aprobado por el Real Decreto 96/2009, también establece límites a la libertad de expresión y a la participación en actividades políticas y sindicales.

La normativa no impide que los miembros de las Fuerzas Armadas tengan sus propias ideas políticas, pero sí condiciona la forma de expresarlas públicamente. El artículo 5 reclama objetividad, integridad, neutralidad e imparcialidad, mientras que el artículo 12 reconoce los derechos fundamentales y las libertades públicas con las restricciones vinculadas a la condición militar.

La neutralidad debe analizarse según las circunstancias de cada caso. Las limitaciones buscan proteger la disciplina, la jerarquía y la imagen de imparcialidad de las Fuerzas Armadas, cuya actuación debe estar al servicio del Estado y sometida a la Constitución, con independencia del partido que gobierne.

El debate ha vuelto a la actualidad después de que el Ejército de Tierra abriera una investigación sobre varios legionarios que aparecieron en un vídeo con el activista de extrema derecha Vito Quiles tras el desfile del Día de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, celebrado en Madrid. En las imágenes, difundidas por Quiles en redes sociales, los militares corean su nombre mientras él grita: «¡A por los rojos!».

La legislación disciplinaria contempla como falta grave realizar públicamente manifestaciones u opiniones que vulneren el deber de neutralidad. Si los hechos fueran calificados así, las sanciones podrían incluir una multa de ocho a 15 días, arresto de 15 a 30 días o pérdida de destino. La investigación aún debe concluir la recopilación de información y no implica que los militares hayan sido sancionados.

Las Reales Ordenanzas también regulan la disciplina, la jerarquía, la unidad, la dignidad de las personas y la discreción sobre los asuntos del servicio. El artículo 48 establece que los militares no están obligados a cumplir órdenes que impliquen cometer delitos, especialmente contra la Constitución o contra las personas y bienes protegidos en un conflicto armado. Estas reglas son aplicables también al personal militar destinado en Cádiz, sin que el texto aporte detalles sobre unidades o casos concretos de la provincia.

Información elaborada a partir de Diario de Cádiz.