Los desahucios de Madrid reavivan el debate sobre el acceso a la vivienda

Los desahucios de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada de su vivienda en Madrid, y de David y su hijo han provocado una de las mayores movilizaciones por la vivienda de los últimos años. Cerca de 200 personas acamparon ante el portal de Maricarmen y durante la mañana se sumaron centenares de manifestantes, aunque ambos lanzamientos se llevaron a cabo.

Maricarmen vivía desde 1956 en un piso de renta antigua y abonaba unos 500 euros al mes. El Tribunal Supremo respaldó a la propiedad en la disputa sobre la extinción del contrato, mientras que la continuidad en la vivienda se vinculaba a un alquiler de 2.650 euros mensuales.

El caso de David afecta a una antigua promoción de alquiler asequible de la Obra Social de La Caixa, vendida posteriormente a una sociedad inmobiliaria. Vecinos y colectivos de vivienda denunciaron también la falta de renovación de contratos en el bloque del Ensanche de Vallecas.

El Sindicato de Inquilinas anunció nuevas protestas y su portavoz, Alicia del Río, afirmó que la jornada supone “un punto de inflexión”. La organización reclamó medidas para situar el derecho a la vivienda por delante del negocio y criticó la actuación de las administraciones y de la Policía Nacional.

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital defendieron que habían ofrecido alternativas habitacionales a Maricarmen, incluida una plaza pública en una residencia. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aseguró que su departamento intentó mediar para adquirir la casa, mientras que Sumar reclamó una nueva moratoria para los desahucios de personas vulnerables.

La noticia tiene un interés indirecto para Campos porque el acceso a la vivienda y el coste del alquiler son problemas que afectan al conjunto de las Illes Balears, aunque los desalojos descritos se produjeron en Madrid y no se informa de medidas o consecuencias específicas en el municipio.

Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.