El Gobierno acelera la negociación de su decreto de vivienda ante el Congreso

El Gobierno busca cerrar apoyos para aprobar el decreto de vivienda en el próximo Consejo de Ministros y garantizar después su convalidación en el Congreso. La presión social generada por el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba 70 residiendo en su casa, ha aumentado la urgencia política.

Sumar reclama al PSOE que apruebe la norma el próximo martes, tras un año de negociaciones. El partido ha trasladado que «se acabó el tiempo» y exige que los grupos parlamentarios fijen posición. El Ejecutivo, sin embargo, continúa intentando alcanzar un acuerdo previo para evitar otro rechazo en la Cámara.

Los socialistas han intensificado las conversaciones con Junts, que pide, entre otras medidas, bonificaciones fiscales para los propietarios que pongan viviendas en alquiler. Estas propuestas generan rechazo entre otros socios progresistas. ERC ha criticado que el PSOE priorice el entendimiento con los posconvergentes, mientras que EH Bildu se muestra dispuesto a aceptar cesiones para facilitar un acuerdo.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha advertido de que la negociación «no empieza bien» y que existe «poco margen» para el entendimiento. También ha reclamado medidas contra la especulación y ha anunciado que su formación volverá a plantear la regulación del alquiler de habitaciones y de temporada.

EH Bildu, por su parte, ha ofrecido su colaboración. Su diputado Oskar Matute ha afirmado que la formación está dispuesta a alcanzar acuerdos, aunque no cubran todas sus aspiraciones. Podemos mantiene una posición más crítica: Ione Belarra ha calificado de «maquillaje» las medidas planteadas y ha reclamado la expropiación de viviendas de fondos para destinarlas al alquiler social.

El Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, trabaja en un texto con dos objetivos principales: «regular el fraude y dar estabilidad a las personas que viven de alquiler» y movilizar vivienda asequible. La negociación, de ámbito estatal, también sigue con el resto de socios parlamentarios y afecta a Córdoba como capital andaluza por el impacto que las futuras medidas puedan tener en el acceso a la vivienda.

Información elaborada a partir de Diario Córdoba.