El Gobierno aprobará el decreto de centros de datos pese a las presiones del sector
El Gobierno aprobará este viernes el decreto de centros de datos con nuevas obligaciones ambientales y de seguridad digital, pese a las presiones del sector.
El Gobierno aprobará este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario el real decreto que impondrá nuevas obligaciones ambientales y de seguridad digital a los centros de datos. El Ejecutivo pretende sacar adelante la normativa de forma definitiva antes de las elecciones del 29 de noviembre, pese a la presión que el sector tecnológico ha ejercido hasta el último momento.
Según la información publicada, tecnológicas y fondos de inversión han llegado a plantear la paralización de nuevos proyectos en España y la preparación de planes para trasladarlos a Portugal o al sur de Francia si el decreto se aprueba, a la espera del resultado electoral. La patronal SpainDC, que agrupa a Amazon, Google o Microsoft, ha reunido el apoyo de otras patronales energéticas, tecnológicas y digitales en un manifiesto para pedir la paralización de la norma y la revisión a la baja de sus obligaciones, en especial las de consumo forzoso de electricidad renovable. SpainDC ya prepara un recurso ante el Tribunal Supremo si el decreto se aprueba en los términos conocidos.
El texto definitivo, elaborado conjuntamente por los ministerios de Transición Ecológica, Transformación Digital y Economía, mantiene el objetivo de filtrar los proyectos de centros de datos para que sigan adelante solo los más sostenibles. Al mismo tiempo, suaviza algunas exigencias: concede cinco años para que el 80% de la electricidad de estos centros sea renovable, a cambio de que Red Eléctrica pueda ordenar su desconexión si es necesario para proteger el sistema eléctrico, y limita los requisitos verdes a instalaciones de más de 10 megavatios, frente al umbral de 1 megavatio de la primera versión.
El Consejo de Estado no identificó obstáculos para continuar la tramitación y avaló la vía de urgencia, el uso de un real decreto y la competencia de la Administración central frente a las dudas de algunas comunidades autónomas. No obstante, planteó varias salvedades, como justificar mejor el rechazo de alegaciones, estimar con más detalle el impacto económico sobre las inversiones, precisar el régimen sancionador, reducir el papel supervisor de Red Eléctrica y de las distribuidoras, y eliminar la cláusula que permite cambiar discrecionalmente el mínimo del 80% renovable. El Gobierno ha incorporado estos cambios para que el decreto se apruebe "de acuerdo con el Consejo de Estado", una fórmula que lo blinda mejor ante una previsible batalla judicial.
Información elaborada a partir de Diario Córdoba.