El Gobierno respalda la huelga por la vivienda del 11 de noviembre
El Gobierno respalda la huelga por la vivienda del 11 de noviembre, mientras PP y CEOE cuestionan su componente político y electoral.
La huelga general por la vivienda convocada para el próximo 11 de noviembre, dos días antes del inicio de la campaña electoral, situará la emergencia habitacional en el centro del debate de los comicios. El Gobierno considera justas las reivindicaciones de los sindicatos y varios ministros han expresado su apoyo.
La movilización, impulsada por CCOO y UGT tras consensuarse con el Sindicato de Inquilinas, reclama el derecho a una vivienda a precio asequible y una subida de los salarios. Izquierda Unida ha anunciado que no solo respaldará el paro, sino que se volcará para garantizar su éxito, según el informe político defendido por su coordinador federal, Antonio Maíllo.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también ha apelado a apoyar las movilizaciones sindicales. Por su parte, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha acelerado los trámites para aprobar una subida del salario mínimo interprofesional antes de las elecciones.
El PSOE pretende incorporar a su programa electoral buena parte de las demandas de las organizaciones de inquilinos. Además, el Gobierno volvió a aprobar los decretos de vivienda rechazados por el Congreso, cuya convalidación está prevista en una Diputación Permanente, previsiblemente durante la primera semana de noviembre.
La número dos del PSOE y líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, afirmó que la huelga se convoca «contra la oposición». El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, defendió que sus motivos responden a consensos sociales, mientras que el titular de Transportes, Óscar Puente, la enmarcó en la necesidad de abordar el principal problema del país.
El PP y la patronal CEOE atribuyen a la convocatoria una intencionalidad política y electoral. Su presidente, Antonio Garamendi, señaló que tiene un «claro componente político y electoral» y que incluso podría carecer de encaje legal. La convocatoria afecta al debate político andaluz y, por tanto, al seguimiento que se haga de ella desde Córdoba, aunque el texto no recoge medidas ni actos específicos en la provincia.
Información elaborada a partir de Diario Córdoba.