El secretario coordinador de Justicia en Córdoba pide organizar mejor el personal judicial

José Antonio Guerra, secretario coordinador provincial de Justicia en Córdoba, ha recibido la Cruz de San Raimundo de Peñafort, la máxima distinción del ámbito judicial, una propuesta que, según explica, partió de los propios compañeros de la Administración de Justicia en la provincia. Al frente de los 67 letrados de la Administración de Justicia de la provincia, Guerra coordina a quienes dirigen las oficinas judiciales para que jueces y tribunales puedan desempeñar su función.

Sobre el atasco judicial que arrastra Córdoba desde hace años, Guerra reconoce que la situación todavía no se ha resuelto. Explica que la acumulación de asuntos pendientes es de años y que se está adaptando la organización tras la reforma de la Ley 1/2025 de Eficiencia Organizativa, con disfunciones que aún persisten, aunque ya se perciben "algunas luces al final del túnel". Según su análisis, el retraso se nota especialmente en la jurisdicción civil, en primera instancia, y empieza a notarse también en la jurisdicción social.

En la provincia, Guerra señala como puntos problemáticos los juzgados de Posadas y Montoro, a los que se suma el accidente ferroviario, así como los juzgados de violencia de género, que deben compatibilizar estos asuntos con el resto de su trabajo. Asimismo, apunta a la escasez de plantilla como problema de fondo, aunque advierte de que, en muchos casos, "no es todo incrementar, sino organizarlo mejor". Propone aprovechar las oficinas de justicia municipales, como las de Palma del Río, para reforzar órganos como el Tribunal de Instancia de Posadas, idea que, según reconoce, todavía no está desarrollada.

Guerra también se refiere a la doble dependencia de la Administración de Justicia: el Ministerio de Justicia dota de jueces, fiscales y personal, mientras que la Junta de Andalucía aporta los medios materiales y otros funcionarios. Esa división puede generar disfunciones, especialmente en la dotación telemática e informática, donde admite que existe un déficit.

Por último, el coordinador valora la creación de los tribunales de instancia, que, según explica, permiten mayor flexibilidad de plantilla al agrupar funcionarios antes repartidos en juzgados separados, aunque en Córdoba los inicios se vieron afectados por jubilaciones, bajas y retrasos en los nombramientos. Sobre los juzgados de violencia de género, anuncia que a partir del 27 de noviembre se corregirá la comarcalización actual, con Montoro y Posadas agrupados con Córdoba capital y la creación de un juzgado de violencia en Lucena. Guerra lamenta, además, que la labor de los letrados sea poco conocida por la sociedad y defiende su papel técnico y organizativo frente a la idea de que son meros secretarios del juez.

Información elaborada a partir de Diario Córdoba.