El voto por correo afronta nuevas críticas políticas pese a sus controles
El voto por correo afronta críticas políticas pese a los controles de identificación, custodia y recuento previstos por la legislación electoral española.
La apertura del plazo para solicitar el voto por correo ante las próximas elecciones ha reavivado el debate político sobre la seguridad de este sistema en España. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió que «ni se le ocurra votar por correo» a la ciudadanía, mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, animó a sus simpatizantes a votar «en la urna y con seguridad».
Frente a estas declaraciones, el procedimiento regulado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) contempla controles sobre la identificación del elector, la custodia de la documentación y la entrega de los votos a las mesas electorales. La Junta Electoral Central supervisa y ratifica de forma sistemática estas garantías.
El votante debe presentar el DNI, el pasaporte o un documento oficial de identidad al solicitar el voto, recibir la documentación y depositar el sobre en una oficina de Correos. Además, cuando se concede el voto postal, la Oficina del Censo Electoral marca al elector en las listas de su mesa para impedir que pueda votar también presencialmente.
Los sobres permanecen custodiados en instalaciones de Correos y son trasladados el día de las elecciones a los colegios electorales antes del cierre. A las 20:00 horas, los miembros de cada mesa introducen los votos por correo en la urna y realizan el recuento manual ante los interventores y apoderados de los partidos.
El texto sitúa estas advertencias en una estrategia política que busca extender dudas sobre las modalidades no presenciales de votación y cuestionar por adelantado posibles resultados ajustados. El debate también alcanza a los electores de Córdoba, que disponen del mismo sistema estatal de voto postal y sus controles que el resto de España.
Información elaborada a partir de El Día de Córdoba.