La Junta alerta del colapso de sus centros ante el traslado de menores de Ceuta

La Junta de Andalucía ha asegurado que cumplirá la legislación sobre protección de menores, pero ha rechazado convertirse en «cómplice» de que los menores migrantes de Ceuta sean utilizados como «mercancía política» por el Gobierno central.

La consejera de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, Loles López, ha afirmado en Málaga que la Administración autonómica no ha recibido comunicación oficial del Ejecutivo sobre la situación en la ciudad autónoma y que la información de la que dispone procede de los medios de comunicación.

López ha recordado que la ley de protección del menor y la Convención sobre los Derechos del Niño establecen la reagrupación familiar como una prioridad. También ha garantizado que Andalucía cumplirá la normativa sin participar en traslados que, a su juicio, no tengan en cuenta las consideraciones humanitarias.

La consejera ha responsabilizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber «reventado» el sistema andaluz de acogida de menores. Según ha señalado, el traslado de 600 menores y de otros 700 migrantes «por la puerta de atrás bajo la apariencia de mayores de edad», sin derivaciones al País Vasco o Cataluña, habría contribuido al colapso actual.

La Junta sostiene que sus centros funcionan «por encima de su capacidad» y reclama que Andalucía sea reconocida como frontera sur de Europa. López también ha criticado la falta de comunicación formal y el cambio de criterio del Gobierno central en la gestión migratoria.

La consejera ha considerado que la situación de Ceuta supera una crisis migratoria y la ha definido como «una invasión», además de atribuirla al desorden y la falta de planificación del Ejecutivo central. La cuestión afecta al conjunto de Andalucía, incluida Córdoba, por la presión que la comunidad soporta en sus recursos de acogida, aunque no se han ofrecido datos específicos de la provincia.

Información elaborada a partir de El Día de Córdoba.