Un desahucio en Egia enfrenta la vulnerabilidad familiar y el derecho de la propietaria
Un juez paraliza dos meses el desahucio de una vivienda de Egia para valorar la vulnerabilidad de la familia que reside en ella.
El desalojo de una vivienda del barrio donostiarra de Egia, previsto para ayer por el vencimiento del contrato, ha quedado paralizado durante dos meses. El juez espera que el Ayuntamiento de San Sebastián determine si la familia que reside actualmente en el piso se encuentra en situación de vulnerabilidad.
El arrendatario que figura en el contrato es un autónomo de origen paquistaní que regenta un negocio en el centro de la ciudad, pero ya no vive en el inmueble desde hace varios años. Según ha confirmado El Diario Vasco, la vivienda está ocupada por su hermano y la familia de este, que son quienes han solicitado el informe de vulnerabilidad.
El matrimonio lleva siete años en el piso junto a sus dos hijos, de 8 y 10 años, y los abuelos, según el sindicato de vivienda Saretxe. El contrato venció hace dos años y la familia asegura que no encuentra otra vivienda de alquiler. La pareja no ha querido hacer públicos más detalles de su situación.
El caso plantea un conflicto entre dos situaciones de necesidad: la de una familia vulnerable con menores y personas mayores a su cargo y la de la propietaria, que necesita recuperar la vivienda porque no dispone de otro hogar tras dejar de convivir con su expareja.
Fuentes municipales señalan que el hecho de que los residentes no sean los titulares legales del contrato no impide valorar su situación económica y social. El Ayuntamiento podría emitir un informe favorable con independencia de que exista o no contrato de vivienda o trabajo, mientras que corresponderá al juez decidir qué derecho debe prevalecer.
La resolución también pondrá el foco en la responsabilidad de las instituciones y los particulares ante la falta de vivienda. El Ayuntamiento de San Sebastián y el Gobierno Vasco podrían desempeñar un papel relevante si ofrecen una alternativa residencial a alguna de las partes. El caso, aunque se desarrolla en Donostia, se enmarca en un problema de acceso al alquiler que también afecta al conjunto de Gipuzkoa, incluida Deba.
Información elaborada a partir de El Diario Vasco.