La vivienda preocupa al 86,9% y el CIS reclama más intervención pública
El CIS refleja la preocupación por la vivienda y el respaldo a más vivienda pública e intervención de las administraciones.
El barómetro «Vivienda 2026» del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) refleja que el 86,9% de las personas encuestadas está muy o bastante preocupada por la situación habitacional. El estudio, elaborado con respuestas de 6.019 personas entre el 22 y el 30 de junio, señala además que el 76,3% considera que el Estado debe intervenir en el mercado tanto como sea necesario para garantizar el acceso universal a la vivienda.
El informe tiene interés para los vecinos de Espera porque analiza problemas que también afectan a los municipios, como el acceso a la compra y al alquiler, la emancipación y la disponibilidad de vivienda pública. El 91,4% de los participantes cree que las administraciones deberían construir más viviendas públicas, mientras que el 44,5% considera que el Estado debería asumir mayores competencias para mejorar el acceso.
La compra queda fuera de los planes inmediatos de la mayoría: el 80,6% no prevé adquirir una vivienda en los próximos dos años. Entre quienes sí se lo plantean, el 63,5% espera hacerlo junto a otra persona y el 11,3% contará con ayuda económica familiar. Solo el 5,4% confía en recibir apoyo de una administración pública.
Las principales barreras son económicas. Entre quienes prefieren vivir en propiedad pero no comprarán próximamente, el 80,7% afirma que no tiene dinero para la entrada, el 71,3% no dispone de ingresos suficientes para las cuotas y el 63,5% no cumple los requisitos para obtener una hipoteca. Entre las personas que viven con familiares o comparten piso, el 60,5% no prevé trasladarse a una vivienda independiente durante los próximos doce meses.
La propiedad continúa siendo la opción preferida: el 93,5% de las personas encuestadas elegiría vivir en una vivienda propia, frente al 5,4% que optaría por el alquiler. Actualmente, el 55% declara ser propietario, el 24,1% vive de alquiler y el 20% reside en una vivienda cedida o sin pagar.
Entre las medidas con mayor respaldo figuran ofrecer más garantías a los propietarios frente a posibles impagos, apoyada por el 85,7%, y poner en el mercado el suelo urbanizable, con un 84,3%. El 79% considera prioritario reconocer la vivienda como un derecho constitucional, frente al 13,5% que la define principalmente como un bien de mercado.
Información elaborada a partir de Diario de Cádiz.