La Audiencia ordena el desahucio de unos recreativos de San Isidro

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado el desahucio de un negocio de recreativos situado en San Isidro, en Granadilla de Abona, y ha condenado a la empresa arrendataria a pagar 8.800 euros por diez mensualidades impagadas entre abril de 2020 y enero de 2021.

La resolución, identificada como SAP TF 1737/2026 y publicada en julio, estima parcialmente la reclamación de la sociedad propietaria. El contrato de alquiler se firmó en julio de 2016 y la demanda reclamaba rentas pendientes desde diciembre de 2019 hasta enero de 2021, además de la resolución del contrato y el desahucio.

Los arrendatarios alegaron que la pandemia de COVID-19, los embargos de Hacienda y las dificultades económicas habían alterado las condiciones del contrato. También sostuvieron que algunos pagos se habían efectuado a terceros o a la Agencia Tributaria.

Los magistrados consideran que esas circunstancias no permitían suspender unilateralmente el pago del alquiler. No obstante, aplican la doctrina rebus sic stantibus y reconocen que las consecuencias extraordinarias de la pandemia pueden justificar una solicitud judicial de modificación contractual.

La Audiencia ha descontado de la deuda los pagos a Hacienda que considera acreditados. A los 8.800 euros deberán añadirse los suministros pendientes desde abril de 2020, fijados en 500 euros al mes, y las rentas posteriores que hayan quedado impagadas durante el procedimiento.

El fallo extingue el contrato y ordena el desahucio del local de San Isidro. Si la empresa no abandona voluntariamente el establecimiento dentro del plazo legal, podrá ejecutarse el lanzamiento judicial. En septiembre de 2021, el Juzgado de Primera Instancia de Granadilla de Abona había desestimado inicialmente la demanda.

Información elaborada a partir de El Día.