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Sucesos

Seis acusados de una red de prostitución con pisos en León eluden la cárcel tras admitir los hechos

Seis acusados de explotar sexualmente a mujeres en pisos de León y otras ciudades admiten los hechos y evitan la cárcel tras un acuerdo con la Fiscalía.

Redacción automática · León 2 min de lectura

Un juicio iniciado el jueves 5 de noviembre en Oviedo sienta en el banquillo a seis personas acusadas de diversos delitos, entre ellos prostitución coactiva, por alquilar habitaciones en pisos de cuatro ciudades españolas, una de ellas León. Según la información, obligaban a varias mujeres a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero. Los seis acusados han admitido los hechos y han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía que les permite rebajar las penas y evitar la cárcel.

En el caso de los dos principales acusados, una pareja, la pena se reduce de trece a cinco años de prisión, y se pide además la suspensión de la misma siempre que se comprometan a abonar la responsabilidad civil.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, la pareja explotaba desde julio de 2019 la prostitución de mujeres, principalmente de origen sudamericano, en pisos alquilados en Mieres, Oviedo, León y Badajoz. Las mujeres habían dejado su país en busca de un futuro mejor ante su precariedad económica, y los acusados se aprovechaban de esa situación.

El escrito describe unas condiciones de trabajo muy duras: debían estar disponibles las 24 horas del día, sólo podían salir de las viviendas en las que vivían y trabajaban durante 45 minutos al día, y tenían una estancia mínima de tres semanas. Atendían a numerosos clientes seguidos, sin tiempo de descanso, y no podían alegar enfermedad, cansancio o menstruación para negarse a prestar servicios. Algunos servicios se realizaban en domicilios particulares, adonde el primer acusado trasladaba personalmente a las mujeres, y se les facilitaban a los clientes que lo pedían cocaína y viagra, sustancias que proporcionaban los acusados.

Los acusados controlaban el desarrollo de los servicios mediante cámaras de videovigilancia instaladas en los pisos, cuyas imágenes veían desde sus teléfonos móviles, y publicaban anuncios de las mujeres en páginas de contactos para captar clientes. Ninguna de las víctimas tenía contrato de trabajo ni estaba dada de alta en la Seguridad Social. Además, durante el cierre por la pandemia de COVID-19 mantuvieron trabajando a varias de ellas, pese a las restricciones vigentes y al riesgo para su salud.

Información elaborada a partir de Leonoticias.

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