El caso de un detenido en Madrid reabre el debate sobre el autoconsumo de drogas

La detención de Pablo en 2021 a las puertas de una sauna de Madrid, con 30 mililitros de GBL, ilustra la frontera entre el autoconsumo y el tráfico de drogas. La cantidad duplicaba ampliamente el límite de 12,5 mililitros utilizado como referencia para el consumo propio de esta sustancia. Pasó una noche en el calabozo y quedó en libertad sin cargos, aunque asegura que no ha recibido una notificación oficial.

El caso aparece en un estudio publicado en la Revista Española de Drogodependencias tras una investigación de casi ocho años. Sus autores, el periodista Pablo García Cortina y el abogado Francisco Azorín, cuestionan que los baremos judiciales estén actualizados y suficientemente fundamentados. Según sostienen, esas cantidades equivalen al consumo teórico de cinco días y pueden tener consecuencias especialmente graves para personas que practican chemsex, entre ellas hombres gais y bisexuales.

El Tribunal Supremo fijó en 2001 las cantidades de referencia a partir de un informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Con carácter general, superar la provisión teórica de cinco días puede considerarse un indicio de que la droga estaba destinada a la venta y dar lugar a una acusación por delito contra la salud pública. Los críticos aseguran que el método tuvo poca transparencia y que no refleja la realidad de algunas sustancias ni de los nuevos consumos.

El presidente de la Sala Segunda del Supremo, Andrés Martínez Arrieta, replica que las cantidades no se aplican de forma automática, sino que son un indicio más junto con otros elementos, como la forma de presentar la droga o la existencia de dinero. No obstante, admite que la jurisprudencia puede evolucionar si las partes o los peritos plantean formalmente el problema.

Expertas como Mireia Ventura advierten de que en sustancias como las metanfetaminas, las catinonas, la mefedrona, el Alpha o la ketamina faltan estudios suficientes sobre las dosis recreativas habituales. La delegada del Plan Nacional sobre Drogas, Xisca Sureda, reconoce la complejidad de una realidad cambiante y defiende que la respuesta no se base únicamente en la criminalización, sino también en la atención a las personas afectadas.

El debate tiene una conexión directa con Madrid por el caso que lo ha puesto sobre la mesa y por la referencia a los grupos de trabajo sobre chemsex de Sanidad. Los investigadores aseguran que han trasladado sus objeciones a distintas instituciones, incluida la Fiscalía Antidroga, mientras reclaman criterios más transparentes, revisables y ajustados a la evidencia científica.

Información elaborada a partir de elDiario.es.