El ICAM denuncia desigualdades territoriales en la justicia de familia

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha alertado de las desigualdades territoriales en el acceso a una justicia especializada en asuntos de familia y de los obstáculos que generan los requisitos formales de los medios adecuados de solución de controversias (MASC). La advertencia se ha formulado durante la inauguración de su II Congreso de Familia y Sucesiones, al que han asistido representantes de la judicatura, la abogacía y otras disciplinas.

La vicedecana del ICAM, Isabel Winkels, ha reclamado que la especialización judicial en familia, infancia y capacidad se extienda a todo el territorio nacional. Según ha advertido, "sigue habiendo ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, según dónde vivan". Aunque la previsión de crear secciones de Familia, Infancia y Capacidad en los nuevos tribunales de instancia responde a una reivindicación histórica de la abogacía, su implantación todavía no alcanza a todo el país. Winkels también ha pedido un código de familia específico para el territorio de Derecho común.

La vicedecana ha señalado además que la obligación de acreditar documentalmente los intentos de negociación previa está provocando inadmisiones de demandas por defectos formales, incluso en situaciones familiares delicadas, al no admitir siempre los tribunales las solicitudes previstas en el artículo 158 del Código Civil. El Colegio seguirá reclamando la supresión de este requisito en materia de familia, especialmente en los procedimientos internacionales.

Winkels ha lamentado asimismo que la disolución de las Cortes haya interrumpido la tramitación de una reforma para modificar la obligatoriedad de los MASC en los procesos de familia. La proposición de ley presentada por el PNV había superado el trámite de toma en consideración el pasado 22 de septiembre, con 340 votos a favor y siete en contra.

En la primera mesa del congreso, el magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo José Luis Seoane Spiegelberg, junto al abogado especialista José Luis Cembrano, ha analizado resoluciones recientes sobre protección de menores, relaciones familiares y consecuencias patrimoniales de las rupturas. Seoane ha defendido la flexibilidad procesal para que los tribunales puedan valorar los cambios relevantes que se producen durante la tramitación de un procedimiento, como una modificación sobrevenida de la custodia de los hijos.

El magistrado también ha subrayado que el interés superior del menor exige una motivación judicial reforzada, y ha advertido de que los jueces no pueden delegar en los profesionales de los puntos de encuentro familiar la decisión sobre la evolución del régimen de visitas. "El punto de encuentro puede informar al juez pero es el juez el que tiene que decidir", ha afirmado.

Por último, Seoane ha abordado la responsabilidad civil de los centros de reproducción asistida a raíz de una sentencia del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo que confirma la responsabilidad de una clínica por los daños sufridos por un menor nacido con una grave enfermedad genética, por incumplir obligaciones de control sobre los gametos utilizados. El magistrado ha destacado el carácter novedoso de este pronunciamiento.