El Supremo condena a una nieta a pagar casi 30.000 euros por cobrar la pensión de su abuela fallecida

El Tribunal Supremo ha condenado a una mujer a pagar 29.658 euros al Instituto Nacional de la Seguridad Social, además de a dos años de prisión, por un delito de fraude de subvenciones. La razón: durante varios años cobró la pensión de su abuela después de que esta hubiera fallecido, sin comunicar el fallecimiento a los organismos competentes.

La sentencia recoge que la acusada siguió percibiendo las mensualidades de la pensión una vez producida la muerte de la titular, sin avisar en ningún momento de que su abuela ya no estaba con vida. Esta omisión permitió que los pagos continuaran de forma indebida durante un largo periodo, hasta que el caso llegó a los tribunales.

El Alto Tribunal considera que el comportamiento de la condenada constituye un fraude a las arcas públicas, al haber obtenido de forma irregular prestaciones que no le correspondían. La cantidad a devolver, casi 30.000 euros, corresponde al importe total de las pensiones cobradas indebidamente.

Casos como este ponen de relieve la importancia de comunicar con prontitud el fallecimiento de un beneficiario de pensiones públicas, una obligación que recae sobre los familiares y que evita la percepción indebida de prestaciones y las consecuencias legales derivadas de ello.