Madrid renuncia a reclamar 112 millones a los antiguos socios de la M-30

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido no reclamar los 112 millones de euros que, según la información publicada por El Mundo Madrid, adeudaban los antiguos socios privados de Calle 30 por el coste de la electricidad de la M-30. El Consistorio había exigido ese pago durante años, hasta 2025, pero sostiene ahora que ya no es necesario tras convertir la empresa en 100% pública.

La municipalización se completó el 1 de enero de 2026, después de que el Ayuntamiento pagara 103,9 millones de euros a Emesa, una unión temporal de tres empresas, por su 20% de las acciones. El 80% restante ya estaba en manos municipales. Tras la operación, los socios privados abandonaron la empresa y la deuda dejó de reclamarse.

El importe procede de las facturas eléctricas acumuladas desde 2005, cuando se creó la empresa mixta Calle 30. Los pliegos del contrato contenían, según la investigación, indicaciones contradictorias: uno atribuía el coste al socio privado y otro a Calle 30. La cantidad reclamada inicialmente rondaba los 54 millones y fue creciendo hasta los aproximadamente 112 millones actuales.

En 2017, los servicios jurídicos municipales concluyeron que Emesa debía pagar y que procedía acudir a los tribunales. El Ayuntamiento ordenó entonces reclamar la deuda, una actuación que continuó durante los mandatos de Manuela Carmena y José Luis Martínez-Almeida. El Consistorio explica que las reclamaciones se hicieron por “cautela jurídica”, para evitar que prescribiera una posible acción.

La decisión afecta directamente a la gestión de una de las principales infraestructuras viarias de Madrid capital. El Ayuntamiento anunció que la conversión de Calle 30 en una empresa pública permitirá ahorrar a los madrileños más de 1.000 millones de euros en 15 años, aunque la investigación también recoge críticas sobre el coste y el estado de los túneles.

Información elaborada a partir de El Mundo Madrid.