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El Supremo impide votar el 29-N a 163.020 nacionalizados por la ley de nietos

El Supremo mantiene la suspensión del voto para el 29-N de 163.020 nacionalizados por la ley de nietos.

Redacción automática · Málaga 2 min de lectura

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de reposición presentado por la Abogacía del Estado, con el respaldo de la Fiscalía, y mantiene la suspensión cautelar del derecho al voto de 163.020 personas nacionalizadas mediante la llamada ley de nietos. Estas personas no podrán participar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, cuyo censo quedó cerrado ayer.

La decisión mantiene como válido el censo del 1 de agosto y cuenta con el voto particular de la magistrada Alicia Millán. La Fiscalía y la Abogacía del Estado habían solicitado que se permitiera votar ante la «imposibilidad material» de revisar los casi 170.000 expedientes afectados por la medida, adoptada a petición de Iustitia Europa y Vox.

La ley, incluida en la Ley de Memoria Democrática aprobada el 19 de octubre de 2022, permite a hijos y nietos de españoles de origen optar a la nacionalidad si cumplen determinados requisitos relacionados con el exilio. Una instrucción aprobada una semana después estableció que se presumiría la condición de exiliado para los españoles que salieron del país entre 1936 y 1955. Son los nacionalizados por esta vía quienes quedan excluidos del voto.

El Supremo acordó la medida cautelar el pasado 10 de septiembre, pero el adelanto electoral aceleró la resolución. La Sala sostiene que, un mes después de la suspensión, desconoce si se ha iniciado el desglose ordenado a la Oficina del Censo Electoral y considera que la Administración no ha aportado datos suficientes sobre el cumplimiento de la orden.

Los magistrados afirman que persiste el riesgo de una constitución irregular del censo y que la preservación de la regularidad del proceso electoral debe prevalecer sobre el derecho de sufragio de los afectados. Los autos deberán publicarse con urgencia en el Boletín Oficial del Estado y en el Tablón Edictal Judicial Único, para que los interesados puedan personarse y presentar alegaciones en un plazo máximo de cinco días hábiles.

La magistrada Alicia Millán ha emitido un voto particular contrario a mantener la suspensión. Considera que el adelanto electoral ha cambiado sustancialmente el escenario y obliga a valorar de nuevo el equilibrio entre la fiabilidad del censo y el ejercicio efectivo del derecho fundamental al sufragio.

Información elaborada a partir de Málaga Hoy.

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