Peinado manda a juicio a Begoña Gómez y su asesora ante un jurado popular
Begoña Gómez y su asesora irán a juicio ante un jurado popular por presunto tráfico de influencias y malversación.
El juez Juan Carlos Peinado ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, y contra su asesora, Cristina Álvarez, por este último. Ambas serán juzgadas por un jurado popular.
El magistrado rechaza imponerles medidas cautelares o fianzas, aunque ordena investigar la capacidad económica de Gómez mediante sus cinco últimas declaraciones de la renta. También establece que las dos deberán permanecer a disposición del juzgado y de la Audiencia Provincial de Madrid, así como comunicar cualquier cambio de domicilio o paradero.
La causa, iniciada hace casi dos años y medio tras una denuncia de Manos Limpias, será remitida ahora a la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá fijar la fecha del juicio. Las acusaciones populares, coordinadas por Hazte Oír, solicitan 13 años de prisión para Gómez y seis para Álvarez. La Fiscalía y las defensas piden la absolución.
La investigación se centra en el papel de Gómez como codirectora de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid, el software creado en ese entorno y el trabajo realizado para ella por Álvarez, empleada con fondos públicos. El juez considera que ambas podrían responder como responsables civiles directas y solidarias de los 113.509 euros reclamados por la Complutense como perjuicio.
Peinado sostiene que existen indicios de tráfico de influencias en la creación de la cátedra y de malversación por el posible uso del software y por la dedicación de la asesora a tareas ajenas a su puesto institucional. En el auto, el magistrado vuelve a aludir al reinado de Fernando VII y a los regímenes absolutistas al argumentar su decisión.
El juez también rechaza repetir la audiencia preliminar, como había solicitado la defensa de Álvarez, al considerar que su ausencia fue voluntaria y que no se produjo menoscabo de su derecho de defensa. La resolución se conoce en Málaga por su relevancia dentro de la actualidad política y judicial nacional.
Información elaborada a partir de Málaga Hoy.