Un banco devolverá 4.900 euros a unos pensionistas de Málaga víctimas de ‘smishing’
Un juzgado de Málaga obliga a un banco a devolver 4.900 euros a unos pensionistas víctimas de una estafa mediante un falso SMS.
Un juzgado de Málaga ha condenado a una entidad bancaria a devolver 4.900 euros, más los intereses legales y las costas, a un matrimonio de pensionistas y a su hija, cotitular de la cuenta, víctimas de una estafa mediante un falso SMS. La sentencia, dictada el 14 de julio, es firme porque el banco no presentó recurso de apelación y los afectados ya han recuperado todo el dinero.
Los hechos ocurrieron el 21 de enero de 2025. La hija recibió un mensaje integrado en el mismo hilo que utilizaba habitualmente el banco, en el que se alertaba de un supuesto acceso fraudulento y se incluía un enlace para cambiar las claves. Ocho minutos después recibió una llamada desde el número oficial registrado de la entidad. Un supuesto gestor le pidió que firmara digitalmente una operación para devolver unos cargos fraudulentos.
Al contactar con el servicio de atención al cliente, la familia comprobó que se había cargado una transferencia de 4.900 euros. Los titulares denunciaron el caso ante la Policía Nacional y avisaron al banco ese mismo día. Aunque la cuenta fue bloqueada por orden policial, el dinero terminó siendo transferido cuando se levantó el bloqueo.
La entidad defendió que había aplicado las medidas de seguridad y atribuyó la responsabilidad a la clienta por no custodiar adecuadamente sus claves. El juzgado, sin embargo, concluyó que el registro de una operación en los sistemas bancarios no demuestra por sí solo que el cliente la autorizara.
La resolución aplica la doctrina del Tribunal Supremo sobre operaciones no autorizadas y fraudes digitales. Según el juzgado, el banco debía acreditar la autenticación correcta de la operación, la ausencia de fallos técnicos y una voluntad real de efectuarla. También consideró que la actuación de la afectada no constituyó negligencia grave, ya que recibió comunicaciones que aparentaban proceder de la entidad.
La letrada Amrán Carvajal, que dirigió el procedimiento, ha señalado que “registrar una operación no es lo mismo que demostrar que el cliente la quiso”. El banco abonó finalmente el principal y los intereses tras expirar el plazo de 20 días hábiles para recurrir ante la Audiencia Provincial de Málaga.
Información elaborada a partir de Málaga Hoy.