La Junta crea una comisión para vigilar la calidad del agua en la Costa del Sol

La Junta de Andalucía ha creado una comisión conjunta con los municipios del litoral malagueño para reforzar el seguimiento y control de la calidad de las aguas de baño. La iniciativa incluye a Mijas y prevé reuniones bimensuales entre las administraciones implicadas.

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha presidido una reunión con responsables de Medio Ambiente y Playas de Málaga, Benalmádena, Torremolinos, Marbella, Mijas y Fuengirola. También han participado representantes de Sanidad, Medio Ambiente, Agricultura, Acosol y Emasa.

La nueva comisión permitirá compartir información, analizar las causas de posibles episodios de contaminación y agilizar la adopción de medidas preventivas. El objetivo, según la Junta, es anticiparse a futuras incidencias, minimizar los problemas derivados de vertidos y evitar el cierre de las zonas de baño.

La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo mantiene durante la temporada de baño, del 1 de junio al 30 de septiembre, un programa de vigilancia que incluye inspecciones visuales, recogida de muestras y análisis para comprobar, entre otros parámetros, la presencia de E. coli.

Cuando se detecten niveles alterados o una posible contaminación, se incrementará la frecuencia de los muestreos hasta confirmar que el agua vuelve a reunir las condiciones adecuadas. Los resultados se trasladarán a los municipios afectados para que puedan aplicar las medidas de protección necesarias, incluida la restricción temporal del baño.

La Junta también ha señalado la importancia de mejorar las infraestructuras de saneamiento y depuración. En la provincia de Málaga hay programadas 75 actuaciones, seis ya finalizadas, once en ejecución y otros seis proyectos pendientes de licitación.

Entre los proyectos destacados figura el Saneamiento Integral de la Costa del Sol, cuyo anteproyecto está en redacción y que afecta, entre otros municipios, a Mijas. La infraestructura contempla una inversión estimada cercana a los 1.300 millones de euros, pendiente de concretarse mediante un convenio entre las administraciones implicadas.