El AVE, los bonus de Adif y la responsabilidad política tras los accidentes de Adamuz y Urda
Accidentes de Adamuz y Urda, 115 fallecidos, ejecución de fondos europeos del Ministerio de Transportes y polémica por los incentivos de Adif.
El AVE llegó a Galicia como una de las grandes conquistas de la modernización del país, pero el tiempo ha convertido aquella ilusión en frustración. Tras las demoras y averías acumuladas, los accidentes mortales de Adamuz (enero) y Urda (octubre) de este año han dejado un balance de 115 fallecidos y han hecho surgir una pregunta inquietante: ¿es seguro viajar en alta velocidad en España? El artículo original, publicado en La Región, plantea que la exigencia de responsabilidades políticas no debe esperar a las conclusiones de las investigaciones técnicas.
Según los datos citados, al cierre de 2025 el Ministerio de Transportes había reconocido obligaciones por 739 millones de los 1.935 millones presupuestados con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, es decir, un 38,2% de ejecución y cerca de 1.200 millones sin ejecutar, según la Intervención General de la Administración del Estado. El texto matiza que no toda esa cantidad estaba destinada al mantenimiento ferroviario, pero subraya la dificultad del departamento para convertir recursos extraordinarios en inversiones efectivas.
La polémica se centra también en los incentivos de Adif. El consejo de administración aprobó el 4 de noviembre los convenios de financiación para 2026-2030, que mantienen un sistema de retribución variable. Según las informaciones publicadas, el comité de dirección percibió en 2025 alrededor de 1,2 millones de euros en conjunto. Adif sostiene que el sistema existe desde 2012 y alcanza a unos 5.216 trabajadores, y que la dirección cumplió entre el 98,4% y el 100% de los objetivos del periodo anterior, un dato que el autor considera difícil de conciliar con el deterioro del servicio.
El artículo original sostiene que la cuestión no es cómo se denomina la retribución, sino si está justificada, y reclama una auditoría de los incentivos y la devolución de las cantidades que no respondan a resultados reales. Asimismo, recuerda que la dimisión del ministro Óscar Puente no cierra la responsabilidad del Gobierno sobre la política de infraestructuras.
Para Ourense, el texto toma como ejemplo el trayecto ferroviario y por carretera entre la ciudad y Madrid, que el autor describe como una aventura en tren y una desventura por carretera, lo que pone el foco en la necesidad de inversión también en el ferrocarril convencional y las carreteras.
Información elaborada a partir de La Región.