El caso Riosport se sentará en el banquillo en febrero de 2027

El caso Riosport, iniciado en 2004 tras la denuncia de unos 80 citricultores de Palma del Río por la pérdida de 5,6 millones de euros, llegará a juicio en febrero de 2027, casi 23 años después del comienzo de la investigación. La vista oral, prevista inicialmente para noviembre, se ha aplazado por la «saturación de señalamientos de carácter preferente» y la «falta de personal» del servicio común de tramitación.

La Fiscalía Provincial de Córdoba dirige su acusación contra los entonces presidente y gerente de la sociedad agraria de transformación (SAT), un empresario y un cuarto procesado. El secretario de la entidad, que también estaba acusado, ha fallecido. El Ministerio Público atribuye a varios de ellos delitos de administración fraudulenta, falseamiento de cuentas y apropiación indebida, y solicita penas de hasta ocho años de cárcel.

Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, los acusados habrían utilizado un entramado empresarial para actuar en beneficio propio y perjudicar al resto de socios. La acusación sostiene que Riosport se convirtió en una sociedad instrumental y que distintas operaciones provocaron un perjuicio económico a la entidad, que acabó en un concurso de acreedores calificado como culpable en una sentencia de 2009.

El Ministerio Público reclama indemnizaciones por un total de 3,1 millones de euros. En concreto, pide que los tres principales acusados indemnicen a los socios con 3 millones por las cantidades supuestamente desviadas y los perjuicios causados, además de otros 100.000 euros por una presunta apropiación indebida. La Fiscalía atribuye también a uno de los principales acusados el cobro de 427.965 euros en «comisiones injustificadas».

La acusación señala asimismo que se habrían presentado cuentas que no reflejaban la situación real de Riosport. En julio de 2003 se comunicó a la junta rectora un beneficio de 297.061,99 euros, mientras que meses después se presentó un resultado negativo de 938.406,70 euros. La Fiscalía considera que unas cuentas posteriores, con pérdidas de 266.950,70 euros, llevaron a los socios a seguir entregando sus cosechas pese a la delicada situación financiera.

Riosport se constituyó en Palma del Río en mayo de 2000 para transformar y comercializar cítricos y frutos de hueso. En 2004, los agricultores denunciantes afirmaron que debían haber percibido 7,6 millones de euros por las campañas 2002/2003 y 2003/2004, aunque recibieron 3,2 millones. La diferencia, junto con 1,2 millones destinados a una ampliación de capital, elevaba a 5,6 millones la cantidad presuntamente adeudada. Los acusados mantienen versiones distintas sobre la gestión de la sociedad y uno de los empresarios citados negó formar parte de la trama denunciada.

Información elaborada a partir de Diario Córdoba.