Anticorrupción investiga contratos de Defensa por más de 7.200 millones de euros
Anticorrupción investiga contratos de Defensa por más de 7.200 millones vinculados a Indra y a la empresa de los hermanos Escribano.
La Fiscalía Anticorrupción investiga desde hace meses contratos por más de 7.200 millones de euros vinculados al Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa (PITSDEF). De ese importe, 6.000 millones corresponden a préstamos y contrataciones relacionados con Indra, así como con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la compañía de los hermanos Ángel y Javier Escribano, y con uniones temporales de empresas en las que participaban. La información, publicada por El Independiente, ha sido confirmada por Diario de Ibiza.
Las diligencias de investigación, que se abren por seis meses prorrogables, parten de una denuncia presentada en diciembre del año pasado por presuntos delitos de fraude, malversación, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros. La denuncia sostiene que recoge hechos públicos desde 2020 que merecen una investigación más profunda para comprobar si se favoreció a los Escribano y a Indra en el reparto de contratos y fondos públicos de Defensa.
Ángel Escribano accedió a la presidencia de Indra en enero de 2025 y dimitió en abril de este año tras varios enfrentamientos con el Gobierno por la estrategia de la compañía y por un posible conflicto de interés ante una eventual compra de EM&E por parte de la propia Indra. Según el texto, las relaciones de los hermanos Escribano con el Gobierno de Pedro Sánchez comenzaron en 2020, cuando ayudaron a fabricar respiradores durante la pandemia. En mayo de 2023, EM&E entró en el accionariado de Indra, llegando a superar el 14%.
La denuncia, atribuida a un particular, apunta a supuestas contrataciones irregulares al amparo del artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permite a los Estados adjudicar a un proveedor único en situaciones de emergencia, especialmente en el ámbito militar. Subraya además el crecimiento de EM&E, que pasó de 44,2 millones de euros de facturación en 2019 a 355 millones en 2024.
Entre los diez contratos denunciados figura la adjudicación, sin publicidad y mediante procedimiento negociado, a un operador hasta entonces desconocido en el ámbito sanitario y sin historial previo en ese sector. Según diversas informaciones periodísticas, esa operación fue objeto de atención por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que investigó un posible sobrecoste.
Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.