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Colau propone vetar 20 años a las empresas corruptoras en la contratación pública

Ada Colau propone reformar la ley para impedir que las empresas condenadas por corrupción obtengan contratos públicos durante 20 años.

Redacción automática · Palma 2 min de lectura

La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha propuesto expulsar de la contratación pública a las empresas que hayan corrompido a cargos públicos y impedirles obtener contratos durante 20 años. La propuesta, expuesta en un acto sobre regeneración democrática y en el primer día de la campaña electoral, forma parte del programa que el partido publicará íntegro el próximo lunes. Según explicó la exalcaldesa de Barcelona, "no puede ser que una empresa que ha corrompido a cargos públicos siga haciendo negocio con dinero de todos".

Para hacerlo posible, Frente Amplio plantea reformar la Ley de Contratos del Sector Público y el Código Penal. Según un comunicado del partido, la prohibición alcanzaría a las empresas condenadas, a sus representantes y administradores, a las sociedades vinculadas y a las UTE en las que participen compañías condenadas por delitos de corrupción.

Colau sostuvo que la corrupción no se combate solo con acusaciones cruzadas entre partidos, sino enfrentándose a los poderes económicos que, a su juicio, la alimentan: las grandes empresas y los intereses especulativos que usan su dinero para comprar voluntades políticas. "Si no actuamos contra los corruptores, estaremos dejando intacto el problema", insistió.

El programa también incluye otras dos medidas. La primera es garantizar la protección real de quienes denuncien irregularidades, dotando de personal y recursos a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, puesta en marcha en septiembre de 2025. La segunda es crear una Agencia Independiente contra la Corrupción con capacidad para investigar e imponer sanciones administrativas, que podría trasladar a la Fiscalía los casos con indicios de delito.

Aunque se trata de una propuesta de ámbito estatal y no de una medida específica para Palma, afecta a la forma en que se adjudican los contratos públicos en todas las administraciones, incluidas las que gestionan servicios en la capital balear.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.

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