Cómo se desmontan los bulos sobre fraude electoral ante las generales del 29N

Los bulos contra el proceso electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre empezaron a circular pocas horas después de que se anunciara el adelanto de los comicios, según recoge Diario de Ibiza. Un estudio del Instituto Internacional para la Democracia (IDEA), basado en 53 países, señala que es durante la campaña cuando más desinformación se difunde contra el sistema electoral, aunque en España las teorías infundadas se adelantaron a ese momento.

El primer rumor fue el de un supuesto fraude en el voto por correo, impulsado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), y después por Santiago Abascal, candidato de Vox a la presidencia del Gobierno. Según el texto, ninguno de sus partidarios aportó pruebas ni explicó cómo se produciría la manipulación. El artículo recuerda que el sistema exige doble identificación, tanto para pedir el sobre como para depositar el voto, y que los votos postales se introducen en la urna al final de la jornada, por lo que resulta muy difícil un pucherazo.

Otro bulo sostenía que el Gobierno había aprobado en el BOE la identificación con DNI digital en lugar de la tarjeta física para facilitar la suplantación de identidad. Según la información original, el texto se aprobó dos días antes en el Consejo de Ministros y la identificación se hará mediante la app MiDNI, con un código QR que las mesas escanearán con uno de los 60.000 lectores previstos. La Junta Electoral ha confirmado su validez, aunque si fallara el lector será necesario el DNI físico.

También circularon acusaciones sobre el recuento de votos, con una supuesta retirada del CNI de la seguridad del escrutinio para favorecer al Ministerio del Interior. El texto indica que el papel del Centro Nacional de Inteligencia será el habitual, con apoyo en la seguridad de los sistemas de transmisión de datos. Asimismo, la empresa Indra, que vuelve a ser objeto de sospechas, tiene un contrato para labores electorales que termina en 2027 y su función se limita a transmitir datos provisionales para seguir el escrutinio en directo.

El artículo subraya que el fraude electoral es un delito penado con hasta siete años de cárcel y que en el pasado ha habido condenas e investigaciones por manipulación del voto por correo o compra de sufragios, siempre en casos locales concretos. Aunque la noticia se refiere al ámbito nacional, se publica en Palma como capital de las Illes Balears, y sirve para que los vecinos conozcan cómo verificar la información sobre las elecciones.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.