El Ayuntamiento de Madrid denuncia al exdelegado del Gobierno por la acampada de Sol
Madrid denuncia al exdelegado del Gobierno Francisco Martín Aguirre por prevaricación por la acampada de Sol. Daños por 40.000 euros y pérdidas de 30 millones.
El Ayuntamiento de Madrid ha presentado una denuncia penal contra el exdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa por omisión. El consistorio sostiene que permitió deliberadamente que la acampada por la vivienda se mantuviera en la Puerta del Sol durante más de un mes, pese a conocer las circunstancias que, a juicio municipal, justificaban su desalojo. La vicealcaldesa, Inma Sanz, ha explicado que el escrito, de 30 páginas, se ha presentado ante los juzgados de Plaza de Castilla y reconstruye los hechos desde el inicio de la protesta, el 26 de septiembre, hasta la dimisión de Martín, un mes después.
Según la denuncia, la concentración fue «tolerada por quien ocupaba el cargo de delegado del Gobierno», que tenía competencias para intervenir. El Ayuntamiento se apoya en la jurisprudencia y en el artículo 5 de la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión, que, según Sanz, permitía disolver la protesta ante la presencia de objetos contundentes y peligrosos. El escrito recopila informes de la Policía Municipal y de otros servicios que fueron remitidos a Martín en hasta cuatro requerimientos, en los que se alertaba de alteraciones del orden público, agresiones, problemas de salubridad, riesgos ante una posible evacuación y daños en elementos patrimoniales como las esculturas de Carlos III, el Oso y el Madroño o la Mariblanca.
Uno de los argumentos principales es lo ocurrido tras la dimisión de Martín, el 26 de octubre. Según Sanz, hasta el desalojo definitivo, el 3 de noviembre, no se produjo ningún hecho objetivo relevante que justificara el cambio de postura de la Delegación, por lo que «la única razón o el único cambio de criterio fue la propia dimisión del delegado del Gobierno». La vicealcaldesa considera que su sucesora, Pilar Trinidad, pudo ordenar el desalojo porque Martín había abandonado el cargo.
La Delegación del Gobierno ha evitado pronunciarse sobre el fondo de la denuncia, al asegurar que aún desconoce su contenido, y ha defendido que todas las decisiones se tomaron «con pleno respeto a la legalidad vigente». Por su parte, Martín ha respondido en X que Almeida e Isabel Díaz Ayuso «en realidad, persiguen otra cosa», y ha asegurado que bajo su mando la institución actuó «dentro del marco de la ley» y que, si hay que explicarlo ante la Justicia, lo hará con normalidad.
La acampada ha dejado una factura que el Ayuntamiento estima, por ahora, en unos 40.000 euros en daños materiales directos, cifra que podría aumentar por el deterioro de algunos monumentos: unos 8.500 euros en toldos, 11.000 en mobiliario urbano y 12.000 en monumentos. La estatua ecuestre de Carlos III podría requerir intervenciones más complejas. A ello se suman los costes de los dispositivos de Policía Municipal y de limpieza. Además, se tramitan unas 300 multas por incumplimientos de ordenanzas y por consumo de alcohol y drogas, y continúan las investigaciones para identificar a los responsables de los daños patrimoniales.
Por último, los comerciantes de la zona cifran en más de 30 millones de euros las pérdidas durante los 38 días de acampada. Sanz ha defendido su derecho a reclamar compensaciones a la Delegación del Gobierno y ha confirmado que el Ayuntamiento estudia una posible línea de ayudas, aunque todavía no hay importes ni plazos, pues Hacienda analiza los balances de los negocios afectados.
Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.