El Consejo de Estado pide al Gobierno transparencia en las indemnizaciones por prisión preventiva sin condena

El Consejo de Estado reclama al Gobierno una mayor transparencia en el cálculo de las indemnizaciones que recibe una persona que ha estado en prisión preventiva y no ha sido condenada después. El órgano consultivo advierte de que las explicaciones ofrecidas para justificar estas compensaciones no siempre son suficientes. Así figura en su Memoria de 2025, presentada por su presidenta, Carmen Calvo, en la que contabiliza 65 consultas sobre responsabilidad patrimonial por prisión preventiva no seguida de condena, frente a las 53 del ejercicio anterior, un incremento del 22,6%.

El Consejo de Estado, principal órgano consultivo del Gobierno, cuestiona especialmente la falta de claridad en los métodos para fijar las cantidades que compensan la privación de libertad. Considera que la Administración debería hacer públicos los criterios empleados y señala una contradicción: algunas indemnizaciones se establecen con gran precisión, incluso hasta los centenares de euros, pero no se explican los cálculos que llevan a esas cifras. En la Memoria, el organismo subraya la necesidad de que los daños morales causados por estas prisiones preventivas se cuantifiquen de forma homogénea y no discriminatoria, con un marco de referencia claro y comprensible para todos los ciudadanos.

La controversia tiene su origen en un cambio de criterio introducido en 2019. Hasta entonces, las compensaciones por daños morales se calculaban sobre todo con baremos que asignaban una cantidad por cada día de privación de libertad. Desde ese año, la jurisprudencia pasó a una valoración global de las circunstancias de cada caso, criterio que, según el Consejo de Estado, también ha adoptado la Administración. La Memoria no detalla cuántas de esas 65 consultas terminaron con una propuesta favorable ni el importe total de las compensaciones.

Uno de los casos más conocidos es el del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, que pasó 645 días encarcelado antes de ser absuelto. Rosell reclamó al Estado 29,7 millones de euros, pero la Audiencia Nacional le reconoció en mayo de 2025 una compensación de 232.500 euros, de los que 50.000 correspondían a daños morales. En marzo, el Tribunal Supremo inadmitió su recurso para obtener una cantidad superior.

El artículo 294.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que las indemnizaciones deben fijarse teniendo en cuenta el tiempo de privación de libertad y las consecuencias personales y familiares causadas. El Consejo de Estado considera, sin embargo, que estas referencias generales no bastan para justificar por qué se concede una cantidad concreta y no otra, y que es necesario explicar cómo se ponderan los distintos factores para evitar diferencias injustificadas entre personas que han sufrido perjuicios similares.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.