El GOB pide retirar medidas de la futura Ley Agraria por su impacto ambiental

El GOB ha presentado alegaciones al proyecto de Ley Agraria de las Illes Balears al considerar que la futura norma prioriza los intereses agrícolas y turísticos frente a la protección ambiental y la ordenación territorial. La entidad sostiene que puede favorecer usos turísticos y urbanísticos en suelo rústico y afectar a las competencias de consells insulars y ayuntamientos.

Entre los aspectos cuestionados figura la posibilidad de convertir edificaciones agrarias en alojamientos turísticos y de flexibilizar las condiciones para actividades recreativas en fincas rústicas. El GOB advierte de que estas medidas podrían aumentar la presión turística, especialmente en Ibiza, y generar diferencias entre las islas en las oportunidades de desarrollo de las explotaciones agrarias.

La organización ecologista también rechaza la regularización de construcciones e instalaciones agrarias anteriores a 1991 en suelo rústico, incluidos espacios de especial protección. Según sus alegaciones, esta disposición podría entrar en conflicto con la normativa urbanística y ambiental y facilitar nuevos usos turísticos.

El GOB critica asimismo que determinadas autorizaciones ambientales sean sustituidas por declaraciones responsables, porque considera que se reduciría el control previo sobre actividades y construcciones con posibles efectos sobre el entorno. También alerta de riesgos para los acuíferos en un contexto de sequía recurrente y contaminación por cloruros y nitratos en distintas zonas de Baleares.

Las alegaciones reclaman retirar las medidas que puedan debilitar la protección ambiental, eliminar la regularización extraordinaria anterior a 1991, recuperar la autorización ambiental para actuaciones con impacto significativo y respetar las competencias insulares y municipales. La entidad pide además reforzar la protección de los bosques maduros y garantizar el carácter vinculante de la legislación ambiental y la planificación territorial. La noticia afecta al conjunto de Baleares y se publica en Palma, capital autonómica, por tratarse de un proyecto normativo del Govern.

Información elaborada a partir de Ultima Hora.