El Gobierno acelera nuevas medidas sociales antes de las elecciones del 29N

El Gobierno prevé concentrar nuevas medidas sociales hasta las elecciones generales del 29 de noviembre, con especial atención a la vivienda y al refuerzo del Estado de bienestar. La inversión pública comprometida supera los 1.100 millones de euros cuando todavía quedan cinco reuniones del Consejo de Ministros.

Entre las iniciativas previstas figura un paquete para fomentar los alquileres asequibles y recursos para centros de excelencia de Formación Profesional. También se recuperan medidas de vivienda rechazadas por el Congreso, incluidos préstamos por 10.000 millones de euros para facilitar el acceso a la primera vivienda.

La semana pasada el Ejecutivo aprobó 45 millones para crear plazas en residencias universitarias y otros 180 millones destinados a vivienda asequible en zonas tensionadas. El decreto incluía además un crédito extraordinario de 400 millones para un fondo de vivienda de impacto social y rebajas fiscales con un coste público superior a 1.600 millones.

El Consejo de Ministros aprobó asimismo mejoras en subsidios y prestaciones para familias con menores enfermos, huérfanos, personas de baja por trastorno menopáusico y víctimas de violencia de género, entre otros colectivos. También autorizó un préstamo de 10.003 millones a la Tesorería General de la Seguridad Social, que el Gobierno vincula a la prórroga presupuestaria.

En otros ámbitos, se ampliaron en 57 millones las subvenciones a los seguros agrarios y se aprobaron nueve millones en ayudas directas para explotaciones afectadas por los incendios del verano. Además, se tramitarán con carácter urgente dos reales decretos que prevén crear 700 plazas judiciales y fiscales en 2027.

Hasta el 29N, el Ejecutivo también prevé aprobar la subida del salario mínimo y ratificar un incremento del 4,5% para los empleados públicos el próximo año. La revalorización de las pensiones conforme al IPC se aprobará previsiblemente el 1 de diciembre, ya con el Gobierno en funciones. Las medidas afectan al conjunto de España y, por tanto, también al debate sobre vivienda y servicios públicos que sigue la ciudadanía de Palma, aunque el texto no concreta actuaciones específicas para la ciudad.

Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.