El Gobierno limita a las empresas vetar el pluriempleo y refuerza la transparencia salarial
El Gobierno endurece los límites al veto del pluriempleo y amplía la transparencia salarial en las ofertas de empleo, con nuevas multas.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la transposición de dos directivas europeas, de transparencia salarial y de condiciones laborales transparentes, que endurecen las condiciones para que una empresa pueda impedir que sus trabajadores colaboren con compañías competidoras y que incentivan que se les pague un plus por ello. Según explican fuentes del Ministerio de Trabajo, la capacidad de las compañías quedará mermada y, salvo conflicto de intereses, problemas de salud o cuestiones vinculadas al secreto empresarial, no podrán vetar esos contratos profesionales. Desde el ministerio señalan que "la empresa no podrá prohibir ni limitar la prestación de servicios para otras empresas por parte de las personas trabajadoras, sin que en ningún caso puedan sufrir un trato desfavorable por dicha situación".
La modificación podría afectar a unas 600.000 personas en España que tienen dos o más empleos, según los últimos datos del INE. Hasta ahora, trabajar para un competidor mientras se mantiene el empleo actual puede ser motivo de sanción o de despido. Tras el cambio, una empresa deberá justificar debidamente cuando limite estas colaboraciones y, si quiere evitar problemas judiciales, tendrá que pagar un plus de exclusividad. El asunto es especialmente sensible en profesiones como la abogacía, el comercio, la arquitectura u otras profesiones liberales.
En materia de transparencia salarial, el trabajador podrá solicitar a su empresa un documento con su salario base y complementario, el salario medio de sus compañeros por las mismas funciones y las medias por sexos. La compañía tendrá dos meses para responder por escrito, y quedan prohibidas las cláusulas que impidan divulgar la información sobre el propio salario.
Las ofertas de empleo deberán incluir la retribución o el nivel retributivo inicial del puesto, basado en criterios objetivos y neutros en cuanto al género, así como el convenio colectivo aplicable. Además, se prohíbe preguntar al candidato cuánto cobraba en su empleo anterior. Según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, la solicitud de datos prohibidos en un proceso de selección se considera infracción muy grave, con multas de 7.501 a 225.018 euros, y es el inspector quien decide la gradación según la falta y el contexto.
Aunque se trata de una norma estatal, afecta también a los trabajadores de Palma y de Mallorca, donde el sector servicios y el turismo concentran buena parte del pluriempleo y de las ofertas de empleo.
Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.