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Economia

El Gobierno limita que las empresas prohíban a sus empleados trabajar para la competencia

El Gobierno aprueba límites a las empresas que impidan a sus empleados trabajar para la competencia y refuerza la transparencia salarial.

Redacción automática · Palma 2 min de lectura

El Consejo de Ministros ha aprobado la transposición de dos directivas europeas, de transparencia salarial y de condiciones laborales transparentes, que endurecen las condiciones con las que una empresa puede impedir que sus trabajadores colaboren con compañías competidoras. La norma, que previsiblemente se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE), también regula el pluriempleo y limita la capacidad de las compañías para vetarlo en sus plantillas.

Según explican fuentes del Ministerio de Trabajo, salvo conflicto de intereses, problemas de salud o cuestiones vinculadas al secreto empresarial, las empresas no podrán vetar esos contratos profesionales. En palabras del propio departamento, "la empresa no podrá prohibir ni limitar la prestación de servicios para otras empresas por parte de las personas trabajadoras, sin que en ningún caso puedan sufrir un trato desfavorable por dicha situación". La medida podría afectar a unas 600.000 personas en España que tienen dos o más empleos, según los últimos datos del INE.

Hasta ahora, trabajar para un competidor mientras se mantiene el empleo actual puede ser motivo de sanción o de despido. El Estatuto de los Trabajadores recoge que no puede efectuarse la prestación laboral para diversos empresarios cuando se estime concurrencia desleal o cuando se pacte la plena dedicación mediante compensación económica expresa. Es un motivo de litigio especialmente sensible en profesiones como la abogacía, el comercio, la arquitectura u otras profesiones liberales, donde las empresas suelen alegar una vulneración de la buena fe contractual y proceder a un despido disciplinario sin indemnización.

Con los cambios, una compañía deberá justificar debidamente cuando limite las colaboraciones con otras empresas y, si quiere evitar problemas judiciales, deberá pagar un plus de exclusividad a sus trabajadores.

El paquete también incluye la transparencia salarial. Un trabajador podrá solicitar a su empresa un documento con su salario base y complementario, el salario medio de sus compañeros por las mismas funciones y las medias por sexos. La empresa tendrá dos meses para responder por escrito, y quedan vetadas las cláusulas que impidan divulgar la información sobre el propio salario.

En los procesos de selección, las ofertas deberán incluir la retribución o el nivel retributivo inicial del puesto, basado en criterios objetivos y neutros en cuanto al género, así como el convenio colectivo aplicable. Queda además prohibido preguntar al candidato cuánto cobraba en su empleo anterior. Según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Lisos), esta solicitud de datos prohibidos se considera infracción muy grave, con multas de 7.501 a 225.018 euros, y es el inspector quien decide la gradación según la falta y el contexto.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.

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