El PSOE y Podemos piden explicaciones por el desalojo de la acampada de la Plaza España
El PSOE y Podemos piden explicaciones al alcalde de Palma por las presiones a la Policía Local para desalojar la acampada de la Plaza España.
El PSOE de Palma ha denunciado el lunes presiones del alcalde, Jaime Martínez, a la Policía Local para desalojar a los acampados de la Plaza España, pese a que, según los socialistas, el Ayuntamiento no tiene competencias para hacerlo. El portavoz socialista en el consistorio, Francesc Dalmau, exige una investigación y sostiene que los agentes se negaron a ejecutar la orden la semana pasada porque vulneraba el derecho fundamental de reunión.
Dalmau recordó que el PSOE denuncia el asunto desde el 4 de noviembre, fecha del primer desalojo, que, según su versión, se hizo sin la autorización de la Delegación del Gobierno. Por ello, el partido ha registrado por escrito una solicitud de información sobre la orden, el órgano o mando que la dictó, la resolución motivada, el atestado o acta de intervención y los informes jurídicos que la sustentan. Según el portavoz, el Ayuntamiento asegura que los informes existen, pero el PSOE afirma que no se le han facilitado.
Dalmau afirmó además que ninguna ordenanza municipal está por encima de un derecho constitucional y acusó al alcalde de utilizar la Policía Local al servicio de los intereses del PP, a lo que añadió que Palma está «harta de este alcalde autoritario». Son declaraciones del portavoz socialista y no han sido contrastadas por el Ayuntamiento en el texto original.
Por su parte, Podemos ha pedido la comparecencia del concejal de Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzá, para conocer quién ordenó el desalojo, qué informes lo avalaron y qué papel tuvieron las áreas municipales implicadas. La formación también pregunta si la dimisión del coordinador de Seguridad Ciudadana, Jaume Pla, guarda relación con la decisión de desalojar la acampada y si hubo discrepancias internas.
El contexto es que el viernes anterior Bauzá anunció que el Ayuntamiento había interpuesto un contencioso administrativo contra la Delegación del Gobierno por vulneración de la lealtad institucional en la gestión de la acampada, instalada desde el miércoles por la noche tras la huelga general. Los promotores habían anunciado que la acampada terminaría el domingo por voluntad propia, como finalmente ocurrió.
Información elaborada a partir de Ultima Hora.